El Gobierno aprueba la ley del cine y la cultura audiovisual

EFE
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El anteproyecto equipara películas y series a la hora de recibir subvenciones y modifica el sistema de calificación por edades, al optar por la corregulación

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García (c); la ministra de Igualdad, Irene Montero (d), y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta - Foto: Chema Moya

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley del cine y de la cultura audiovisual, que pretende fortalecer las industrias audiovisuales españolas a nivel nacional e internacional y que engloba a "toda la cadena de valor", incluidas plataformas y series de televisión.

"Han pasado quince años de la anterior ley, se han producido importantísimos cambios en el mundo audiovisual y digital, el sector nos pedía una adaptación a la nueva realidad", ha dicho en rueda de prensa el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

En un comunicado posterior, el ministerio ha anunciado que las ayudas al sector se verán reforzadas este año con los fondos europeos, hasta alcanzar un total de 101,7 millones de euros -frente a los 70 millones del año pasado-.

El título de la ley, elaborada a propuesta de Iceta y de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se amplía para dar "un mensaje de globalidad a una industria diversa, está el cine y la televisión, las series, las plataformas y las salas de cine", según Iceta.

Cultura iniciará a partir de ahora una nueva ronda de contactos con representantes del sector, tras lo cual el texto volverá al Consejo de Ministros e iniciará su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley.

Entre las principales novedades destaca la ampliación de las convocatorias de ayudas a toda la cadena de valor del sector audiovisual, lo que incluye a las plataformas, el apoyo a la promoción internacional de todo el audiovisual, y no solo películas, y la protección del patrimonio.

Iceta ha insistido en la necesidad de "establecer un equilibrio de intereses" entre todos los eslabones del sector y en cuanto al hecho de que las ayudas vayan a repartirse entre más aspirantes, ha resaltado que trabajará para que estas aumenten en los próximos presupuestos.

El ministro ha subrayado además que, a menudo, los productores de series y de películas son los mismos y ha puesto el ejemplo de Alejandro Amenábar, que el año pasado estrenó la serie La Fortuna en Movistar+. "Pensamos en la industria en su conjunto", ha recalcado.

De los 101,7 millones de euros que Cultura destinará a las ayudas al audiovisual, 22,9 millones de euros procederán del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos.

De esos 22,9 millones, ocho servirán para engrosar las ayudas a la producción de largometrajes (de un total de 68 millones de euros), con el objetivo concreto de impulsar "tanto las obras dirigidas por mujeres como la animación, por su contenido tecnológico y digital".

Y 350.000 euros se destinarán a reforzar las ayudas a festivales (de un total de 1,35 millones de euros) en lo que se refiere a medidas de digitalización y sostenibilidad.

Además, se crean nuevas ayudas para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales, dotadas con 9 millones de euros, nuevas ayudas a la distribución internacional (3 millones de euros), ayudas a la participación en eventos audiovisuales internacionales (500.00 euros) y para las Spanish Screenings XXL (2,05 millones de euros).

Todas las ayudas valorarán de forma transversal, en todas sus convocatorias, el fomento de la igualdad de género, la sostenibilidad e impacto ambiental, la contribución a la transición digital y la incorporación de medidas de accesibilidad universal.

Otro de los principios en que se apoya la reforma es la puesta en valor del patrimonio audiovisual, que se aborda de una forma más amplia. Entre las novedades al respecto destaca la calificación de la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC).

La ley contempla la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual con el fin de fortalecer la cooperación público-privada y establecer políticas públicas, de alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras.

Dicho consejo tendrá la obligación de elaborar y publicar un Plan estratégico para la cinematografía y la cultura audiovisual cada 4 años, así como informes anuales sobre las medidas impulsadas y sus resultados.

Por otro lado, se incluye en el texto la flexibilización y clarificación de los requisitos para obtener la nacionalidad española de las obras y un sistema de corregulación para la calificación por edades, similar al establecido en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual televisivos, lineales o a petición.

Esta ley, junto con la Ley General de Comunicación Audiovisual, en trámite parlamentario, son reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno que, entre otras cosas, aspira a convertir España en un "hub audiovisual internacional" y a aumentar la producción audiovisual en España un 30% mediante la movilización de 1.603 millones de euros.