«Tienen que entender es que las familias no pueden esperar más tiempo, las personas necesitamos una respuesta inmediata, no puede ser una legislatura tras otra esperando». Así se expresaba este jueves por la mañana a la puerta del palacio de Fuensalida el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, José Luis Calvo. Acudía como representante de la Plataforma por una Vivienda Digna en Toledo, que con la Asociación de Consumidores Usuarios en Acción (Facua) acababa de presentar al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, una denuncia sobre la vivienda pública en la ciudad. En concreto, el escrito explica que en la legislatura que concluye no se ha construido ni una vivienda pública en Toledo, «y nos parece lamentable que las administraciones públicas no han hecho el esfuerzo que se les requiere, por las necesidades de la gente, con lo que ha sucedido, y porque hay familias ya tiradas desde 2008. Las administraciones están para solucionar los problemas de la gente y uno de los problemas fundamentales entendemos que es la vivienda».

Fernando Navarro, del Gabinete Jurídico de Facua, que también pertenece a la Plataforma, insistió en que se unen dos factores, como son la falta de vivienda pública y que la Junta no ha creado más durante esta legislatura. Así lo han expuesto ya en reuniones con la Dirección General de Vivienda y el Ayuntamiento de Toledo «y el problema sigue sin solucionarse». También ha habido concentraciones en el edificio vacío de Gicaman de la calle Guadalmena, donde cabrían 86 familias, «pero parece ser que la idea es dárselo al mejor postor y al mercado libre, hacer caja». Como tampoco ha habido respuesta, la Plataforma ha optado «como último recurso», tratar de hablar con las instancias superiores, el presidente regional.

Necesidad en número. A falta de una actualización de datos, según los propios datos de la Junta, en abril de 2019 había una demanda en Toledo capital de 2.715 viviendas públicas. De estas personas, 1.840 pedían una vivienda de alquiler. «Se trata de dar una solución habitacional», explicó Navarro.

Además la Sareb, recordó Calvo, tiene más de 50 viviendas en Toledo, «y hemos pedido por activa y por pasiva que le soliciten al Estado la incorporación al parque público de vivienda la comunidad de todas ellas, porque las rescatamos nosotros». Sumándolas a las de Guadalmena, ya serían 130 viviendas para la demanda de alquiler.

Calvo recuerda que la Ley de Vivienda caducó en su día y no ha salido el siguiente plan «y estamos a la espera y todo son excusas». Al fin y al cabo, es el artículo 47 de la Constitución el que recoge el derecho a la vivienda digna y establece que los poderes públicos deben velar por ello. Calvo también advirtió que aunque la Junta tiene las competencias, el Ayuntamiento también puede actuar. La ley recoge que los consistorios pueden hacer planes para el acceso a la vivienda de sus empadronados.