«No hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona». Así de claro lo ha comentado recientemente Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en su habitual valoración de los informes, esta vez en relación al balance de 2018. Los datos, en general, confirman un aumento de las denuncias, más condenas, más sensibilización del entorno familiar a la hora de visibilizar la violencia de género y mayor número de órdenes de protección en comparación con años anteriores. Sin embargo, en la provincia de Toledo algunas de las cifras desentonan con la tónica general por algunos descensos en estos indicadores.

En concreto, las denuncias en los juzgados de la provincia cayeron un 3,4% en comparación con  2017. El informe anual del Observatorio contabiliza 1.864 denuncias, 67 menos, y buena parte recayeron en los partidos judiciales de Illescas (577), el que más casos de violencia de género contempla, Talavera de la Reina (330) y Toledo.  En este último caso, registró 365 denuncias, 21 menos que el año anterior.

Del documento también se desprende que de esas 1.864 denuncias, el 80,4% llegaron a los juzgados de la provincia  a través de atestados policiales con denuncia de la víctima, únicamente 105 fueron interpuestas directamente por la afectada y otras 195 mediante la intervención policial directa. Resulta llamativo también, aunque suele ser habitual, ese 69% de mujeres españolas que se acercan a la Justicia para acabar con las agresiones frente a un 31% de víctimas extranjeras. Sin embargo, hay que tener cuidado con los datos porque lo cierto es que la realidad los invierte, ya que  las estadísticas confirman que en nuestro país hay seis mujeres españolas implicadas en este tipo de denuncias por cada 1.000 habitantes, pero se contabilizan 24,7 víctimas extranjeras por cada mil habitantes, según detalla el informe ‘El derecho a una vida libre de violencias’, de la AIETI y la Red de Mujeres Latinoamericanas.

Toledo también se excluye de esos logros que apunta el Observatorio en relación con la creciente sensibilización de la violencia de género en el entorno cercano y familiar que anima incluso a que denuncie la situación. De momento, en los juzgados de los siete partidos judiciales de la provincia no se ha registrado ningún caso en 2018 ni tampoco a lo largo de 2017 pese a que en el cómputo estatal se refleja un 4% cuando hasta hace poco no superaba el 2%.

actividad delictiva. El cómputo de delitos en 2018 sí ha aumentado respecto a 2017. En concreto, la estadística refleja un total de 1.899 delitos, un incremento del 2,2%.

El año pasado saltaron dos noticias muy amargas a pesar de que el boletín del Observatorio únicamente recoge uno de los dos homicidios. Una mujer de 90 años murió en una residencia de Mazarambroz por envenenamiento tras ingerir una sustancia que presuntamente le proporcionó el marido y más tarde también ingirió él. El caso se investigó policialmente como violencia de género.

Dos meses después perdió la vida una mujer madrileña de 41 años, atropellada varias veces por su exmarido. El cadáver se encontró en una cuneta de la A-5, a la altura de Santa Cruz de Retamar.

A pesar de todo, los homicidios se redujeron el año pasado respecto a 2017, en el que tres mujeres fueron asesinadas en la provincia.

Por último, las órdenes de protección, que incluyen la privativa de libertad, la salida del domicilio, el alejamiento y la prohibición de comunicación, entre otras, aumentaron el año pasado en los juzgados de la provincia como también ocurrió en el resto de los órganos españoles. Los jueces adoptaron 381 órdenes en 2018, 36 más que en 2017. y en once casos hubo ingreso en la cárcel. Si bien, las cifras dejaron otra lectura significativa porque también se desestimaron el 36,8%  de las solicitadas.