La polémica ha surgido en los últimos días por la aprobación del Real Decreto ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las Entidades Locales. Se trata de un acuerdo entre la Federación de Municipios y Provincias (Femp), de la que Milagros Tolón es vicepresidenta, y el Gobierno por el que los municipios tendrán acceso a 5.000 millones de ayudas, pero a cambio ceden de momento sus remanentes y superávits. Pero para portavoz del Grupo Municipal IU-Podemos, Txema Fernández, el problema no viene de ahí, sino de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que estrangula a los ayuntamientos y continúa en vigor.

Fernández recuerda que “entre el primer borrador de la Femp y el que definitivamente se aprobó, solo con el voto favorable del Grupo socialista, porque nuestro voto fue abstención, hay alguna diferencia, pero hay un gran problema: no termina de acometer la reforma realmente importante, que dotaría de autonomía municipal a los ayuntamientos, el derogar la ley que viene tras el acuerdo constitucional entre PP y PSOE de 2011, la Ley Orgánica 2/2012, que asfixia a los Ayuntamientos en materia económica”.

Mientras no se haga realmente esa reforma, apunta Fernández, “todo lo que se haga van a ser parches de dudosa eficacia”. La Ley de Racionalización Local, recuerda al equipo de Gobierno de Tolón, está prácticamente derogada al completo, “y la que hay derogar de verdad es la 2/2012 y esta no se aborda en este acuerdo”. De ahí que el voto de IU fuera la abstención: el pacto con la Femp, porque da algún fondo más de liquidez a los ayuntamientos, “pero les sigue asfixiando en materia de estabilidad”.