La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (Sareb), conocida popularmente como 'banco malo', nació en 2012, en plena crisis inmobiliaria, para vender y gestionar los préstamos e inmuebles de las entidades financieras rescatadas. Es la encargada de gestionar, entre otras, promociones como la situada en la calle Río Yedra números 19, 21 y 23 del Polígono (no confundir con la vecina promoción de 148 inmuebles propiedad de la Junta, justo en frente); una urbanización que hasta hace tres años gestionaba la consejería de Fomento, pero que ahora desarrolla Sareb.

Vecinos de la misma se han puesto en contacto con este diario, después de que Sareb les haya comunicado su intención de no prorrogar más los alquileres y proceder a vender las viviendas. Se da la circunstancia, denuncian, que cada vez que se ha quedado vacía una de ellas, han entrado ocupas. Se preguntan por qué razón no se ha hecho cargo de estos inmuebles del Sareb la Junta de Comunidades, como ha ocurrido en otras comunidades, lo que podría ser una solución para que ellos continuaran en su inmueble, algo que están valorando la consejería de Fomento.

Es el caso de un residente que lleva en estos pisos, que desde 2016 lleva pagando con normalidad su alquiler y sus servicios. Además, apunta que jamás ha tenido problema alguno con los demás vecinos, «ni hay causa alguna para justificar lo que me está pasando». Porque el pasado mes de diciembre, recibió una notificación en la que Sareb le comunicaba que ya no estaba renovando contratos de alquiler, más allá de las personas en vulnerabilidad; tan solo contemplaba la venta de los inmuebles.

Él tiene reconocida una minusvalía del 65 por ciento y bono social en la luz como «persona muy vulnerable». Así se lo comunicó a los responsables del 'banco malo' en enero, y estos, explica, le respondieron que en cuanto supieran algo más, se lo comunicarían. Como su contrato cumplía el 7 de marzo y no volvió a tener noticias de Sareb, entendió que se había renovado su contrato. Es cuando él llama unos días más tarde para saber cómo va todo, cuando le dicen que ya no tiene contrato. Solo a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Junta consiguió que le que le prorrogaran un año su alquiler.

Ocupaciones. El problema es que, apunta el afectado, entiende que a 7 de marzo de 2023 tendrá que abandonar su vivienda y esta acabará irremisiblemente ocupada, como ocurre con las que van quedado vacías «y ahora hay cuatro ocupas por arrendatario».

Cierto es que Sareb ofreció a este inquilino la compra de una vivienda por 98.000 euros, «pero les dije que yo no podía». El problema es que en este proceso de venta, «han enseñado esas viviendas a personas no adecuadas, y al final se las han ocupado». A su juicio, la política de no renovar contratos ha sido un error «porque cada vez que ha sido así, ese piso ha sido ocupado». Como ha pasado en la acera de enfrente, los ocupas también se han hecho con el aparcamiento, «y está lleno de BMW».

La posible solución. La solución a todo esto, apuntan las personas afectadas, podría llegar de la mano de la Junta de Comunidades si, como han hecho otros gobiernos autonómicos, reclama la propiedad de las viviendas del Sareb en la región. «El Gobierno, que es quien lo administra ahora, ha dado la potestad a las comunidades de poder hacerse cargo de estas viviendas», argumentan.

Desde la Junta de Comunidades, la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, apunta que la posibilidad de incrementar el parque público mediante la adquisición o la cesión de usufructo de viviendas de la Sareb «es una opción que tenemos abierta y que estamos estudiando mediante un diagnóstico previo del mercado en la región».

Con lo que sí que está trabajando la Consejería de Fomento en estos momentos es en un programa de construcción de viviendas sostenibles para destinar en alquiler a precios asequibles con financiación de fondos europeos. Castilla-La Mancha tiene previsto construir con cargo a este programa unas 842 viviendas de aquí al 2026, que es el horizonte temporal que fijan los propios fondos europeos MRR. El objetivo es poder ampliar la oferta de alquiler a precios asequibles en CLM.

Finalmente, Sandoval expresa su satisfacción ante el hecho de que las Oficinas de Intermediación Hipotecaria que se crearon en 2015 en todas las capitales de provincia de la región sigan ofreciendo soluciones a familias que se encuentran en situación de desahucio, a través de un trabajo de intervención social, de asesoramiento jurídico y de intermediación con las entidades financieras. Los resultados de las oficinas «son muy positivos y es de destacar el cambio de tendencia de los casos que llegan a las oficinas. Antes eran predominantes los casos de desahucios hipotecarios, ahora destaca el incremento de los casos de arrendamientos con entidades financieras».