El secreto con el que se ha llevado la negociación del contenido del convenio marco que el Ayuntamiento de Toledo, el Ministerio de Cultura y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha firmarán para promover la protección cultural de la Vega Baja lo desveló ayer la eurodiputada socialista Cristina Maestre durante su intervención en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Maestre -que defendió en todo momento que la Comisión de Peticiones debía rechazar la solicitud de amparo para asegurar la protección integral de la Vega Baja y La Peraleda, a la que Antonio Zárate, portavoz de la plataforma ‘Toledo: Sociedad, Patrimonio y Cultura’ definió como «uno de los espacios de mayor valor cultural y patrimonial de Europa»-, puso el futuro convenio como ejemplo de cómo las instituciones españolas con competencias en la materia estaban trabajando de forma conjunta para su protección. «Durante todo este tiempo no sólo ha habido consenso entre todos los grupos políticos, también se ha contado con la inestimable colaboración de la Real Fundación de Toledo, de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo», argumentó.

Maestre, que explicó a los eurodiputados presentes que el «convenio estaba recién salido del horno», reseñó algunas de las actuaciones preferentes incluidas en el mismo. Entre ellas, un proyecto de musealización del yacimiento. La intención adelantada por Cristina Maestre vendría a recuperar la idea del Gobierno de José María Barreda de crear un  Centro Internacional de la Cultura Visigoda. De hecho, el estudio de arquitectura ‘Mansilla+Tuñón’ fue el ganador del concurso de ideas convocado.

Además de recuperar la idea de musealizar el yacimiento arqueológico, el convenio marco fijaría otra serie de actuaciones encaminadas a conservar y consolidar los restos. Entre ellas, completar las protecciones geofíscas de las zonas excavadas, la consolidación de las estructuras halladas durante las pasadas excavaciones arqueológicas o recuperación de la vertiente pedagógica.

«No llego a entender la realidad que la Plataforma está contando aquí», señaló Maestre.

La intención de las tres administraciones, que actuarán de forma ‘colegiada’ sobre el terreno y con un único punto de vista técnico, urbanístico y patrimonial, es no sólo aportar presupuesto propio a la financiación de las labores de conservación de los restos como de los valores paisajísticos de la zona, sino también poder optar a fondos europeos con los que poder intervenir de forma más intensiva para superar un abandono que ya se prolonga por espacio de quince años.