El ingreso mínimo vital, con el que se garantiza una renta a quien no la tiene, llega en estos momentos en España a 12.000 hogares, lo que se traduce en 30.000 personas. Pero garantizar una renta "no es el objetivo último" de esta medida. Lo ha recordado hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que incidió en que el objetivo último es "conseguir que esas personas transiten a una situación mejor en la sociedad".

Para lograrlo se va a poner en marcha un proyecto piloto en Castilla-La Mancha, que es lo que ha traído hoy al ministro a Toledo. Ha firmado un convenio de colaboración junto con el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, para trabajar directamente y de manera individualizada en la inserción de mil perceptores del ingreso mínimo vital de la región. El presupuesto será de nueve millones para dos años. Este proyecto se costeará con fondos europeos, pues el ministro apunta que "las autoridades europeas están interesadas en escalarlo no solo del nivel regional para el nacional, sino al europeo". 

Escrivá explicó que algunos de estos perceptores son "personas en situación particular de exclusión social, con vulnerabilidades particulares" para los que "los itinerarios estándares no terminan de funcionar". Señaló que en estos casos "hay que trabajar con procedimientos muy individualizados". 

Page avanzó que para llevar a cabo este proyecto se van a contratar a 57 profesionales de apoyo. Apuntó que se trabajará en contratos "especializados" y puso ejemplos en el ámbito de la conciliación, el transporte o la energía. Insistió en que hay que "tener claro que cualquier ayuda, de garantizar lo elemental, lo es con el propósito de su empleabilidad, su inserción". Cree que Castilla-La Mancha se ha llevado este proyecto piloto porque ya cuenta con "unos servicios muy avanzados" en este ámbito. Además se compromete a "dejarse la piel para que salga bien".