La entrada de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en la última reunión de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura como organismo invitado -es decir, con voz, pero sin voto- ha levantado ampollas en algunos sectores. Malestar que se ha elevado al Congreso de los Diputados, donde el PP y la ultraderecha de Vox han formalizado sendas iniciativas parlamentarias dirigidas a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero. En ambas se cuestiona la inclusión de la cabecera del Tajo en esta comisión, pero mientras que los ‘populares’ plantean compensar esta decisión con la entrada de otras organizaciones similares (básicamente los regantes del Levante), los de Abascal piden cortar por lo sano y califican a los ribereños de «activistas» e infiltrados contra la «unidad hídrica de España».

La Proposición No de Ley (PNL)del PP, firmada entre otros por el exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, lo que plantea es la incorporación de «una representación equitativa de todas las comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones afectadas por el trasvase, tanto de la cuenca cedente como de la receptora». Una petición que justifican en el hecho de que, a su juicio, la entrada de los municipios ribereños «modifica la composición de la comisión» y rompe su «carácter técnico».

Los regantes de Murcia quieren voz y voto. Lo que olvidan aquí los ‘populares’ es que la cuenca receptora lleva años participando como invitada en esta reuniones mensuales en el Ministerio, a través del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura (Scrats). Tanto es así, que este lobby hídrico ha aprovechado el revuelo levando por la entrada de los municipios ribereños a esta comisión, para pedir un ‘ascenso’ en la misma. En concreto, la exigencia ahora de los regantes del Levante es participar en estas reuniones como ‘asesores técnicos’ y, por tanto, además de voz, contar con voto en las mismas.

Esta PNL deja traslucir un claro posicionamiento pro trasvases del PP nacional, por otra parte nunca ocultado por los de Casado. No hay más que ver que una de las justificaciones de esta pregunta parlamentaria, publicada esta semana en el Boletín del Congreso, es la «incertidumbre e inquietudes» que ha provocado el hecho de que la ministra de Transición Ecológica haya «cuestionado el trasvase Tajo-Segura».

Desde Vox la argumentación contra la entrada de los ribereños es más radical, aunque obvian igualmente la presencia de los regantes del Scrats en la misma desde hace más de una década.

En su anunciada pregunta parlamentaria, los de Abascal denuncian la decisión de Ribera de «infiltrar a personal no cualificado en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura», rompiendo con ello, la «unidad hídrica de España».

Como el PP, basan su crítica en que la entrada de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía rompe con el «carácter técnico» de esta comisión». A su juicio, la llegada de la cabecera del Tajo a esta reuniones va a «debilitar el carácter técnico de la Comisión de Explotación del Trasvase, excitando el deseo legítimo de otros colectivos de usuarios para participar también, incapacitando con ello a la Comisión para la correcta aplicación del Memorándum que regula el Trasvase».

Activismo político. Esta pregunta parlamentaria, firmada entre otros por los diputados de Vox por Toledo y CiudadReal (Manuel Mariscal y Ricardo Chamorro), se llega a calificar al representante de los municipios ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, diputado regional socialista y alcalde Sacedón, de «activista».

Con todo, desde Vox no se oculta su posición pro trasvases. En su opinión, «la ruptura del carácter técnico de la Comisión de Explotación es, en realidad, la estrategia buscada por el Gobierno para dinamitar los equilibrios que rodean el sistema de aprovechamiento conjunto Tajo-Segura y hacer inviable esta gran obra de Estado».