Lllega el verano y al hemiciclo español le toca también el momento de poner el cartel de «Cerrado por vacaciones». Con la entrada del mes de agosto, el Congreso de los Diputados abre un paréntesis de sosiego hasta que el otoño vuelva a reactivarlo con toda la batería de leyes pendientes de aprobación. Yen ese momento -al menos con muchas de ellas- la calma se tornará en tormenta.

 No son pocas las normas que deben superar el trámite parlamentario. Algunas, incluso llevan aguardando desde hace más de un año, como la Ley de Vivienda, que sigue sin ver la luz ante la falta de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, aunque lo normal es que el nuevo curso político se abra  (el protocolo manda) con la habitual presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

De momento, sin embargo, diputados y senadores dedicarán este mes tan veraniego a coger aire después de que las sesiones plenarias de julio hayan finalizado con varios proyectos de ley que tendrán que volver a ser votados en el Congreso, debido a las enmiendas introducidas en la Cámara Alta. Entre otros la polémica ley del «sí es sí» o la nueva normativa de Ciencia que costó tramitar en el Congreso y cuyo texto vuelve ahora retocado por el Senado.

Lo cierto es que tras aprobar las Cortes desde enero más de una veintena de leyes, donde destacan varias como la de la reforma laboral, la audiovisual, la integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la de planes y fondos de pensiones o la de residuos y Convivencia Universitaria, el hemiciclo aún tiene pendiente legislar sobre la prostitución, el aborto o sobre los polémicos impuestos extraordinarios para gravar los beneficios de la banca y también de las eléctricas.

Esas tasas, que serán tramitados como proposiciones de ley, deberían ver la luz antes de final de año, por lo que fuentes cercanas al Ejecutivo no descartan que pueda convocarse un pleno extraordinario a finales de agosto para acelerar su tramitación. 

Lo que no entra en el terreno de la especulación es que de enero a julio, las Cortes dieron luz verde a cerca de 12 reales decretos leyes, en su mayoría para frenar las consecuencias de la crisis que ha provocado la pandemia y posteriormente la guerra en Ucrania.

Pero también medidas urgentes para la recuperación económica y social de la isla de la Palma o para proteger a los autónomos.

Las últimas disposiciones se han dirigido frenar los elevados precios de la electricidad y el gas con el fin de hacer frente a la inflación, aunque los partidos ya reclaman más medidas económicas de cara al otoño. La derecha insta a rebajas fiscales mientras que las formaciones de izquierda solicitan protección para las familias vulnerables y a los trabajadores.

Y es que, a poco más de un año de que se celebren las próximas elecciones generales, el Ejecutivo iniciará el curso político con Patxi López como nuevo portavoz del grupo parlamentario socialista, que tendrá que hacer valer su publicitado talante negociador para afrontar unos debates en el hemiciclo que se prevén intensos.

Y no sólo con la oposición sino también con los partidos socios de la investidura que previsiblemente tomarán posiciones.

A la dificultad que supondría pactar los Presupuestos para 2023 se suman otros asuntos pendientes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o leyes de nuevo cuño como la que prohíba la prostitución o la que regule el aborto. Normas que, en algunos casos, separan al PSOE de Unidas Podemos y de sus socios parlamentarios.

La reforma de los autónomos que se tramitará también como proyecto de ley, las enmiendas que ha introducido el Senado a la nueva ley de Ciencia o a la reglamentación Concursal así como el cambio en una vocal en una frase del preámbulo de la nueva ley del «sí es sí» también deberán votarse en los primeros plenos.

El Ejecutivo además tiene intención de aprobar en esta Legislatura el renovado precepto de seguridad ciudadana y otra ley de secretos oficiales. Otro dictamen que está por finalizar su tramitación en la Cámara Alta es la norma que deroga el voto rogado y facilita el voto de los españoles residentes en el extranjero, mientras que el Congreso sigue esperando la tramitación de la Ley Trans.

Frente abierto con las entidades financieras  

Tras el Debate del Estado de la Nación, que supuso el colofón a la actividad parlamentaria del primer semestre, el Gobierno debe presentar cuanto antes los nuevos tributos que gravarán los beneficios extraordinarios de las eléctricas y la banca con los que espera recaudar cerca de 7.000 millones de euros en dos años. Ambos gravámenes se tramitarán como una proposición de ley que, presumiblemente, será registrada en el Congreso durante esta semana. El texto prohibirá que las compañías puedan trasladar los costes a los ciudadanos.

Sin embargo, ese giro a la izquierda que escenificó el presidente Pedro Sánchez amenaza con abrir un frente complejo con las entidades financieras. 

El Gobierno presume -palabras de la ministra de Educación y nueva portavoz socialista, Pilar Alegría- de que uno de los grandes bancos respalda «claramente» la tasa extra al sector. «No dirá la persona, pero se sorprendió gratamente su análisis», añadió. 

Lo cierto es que la banca ha recibido de uñas los planes del Ejecutivo socialista. Cuando se lleve a cabo, España será la primera gran economía europea en aplicar un gravamen extra a la banca para financiar su plan anticrisis. Un camino que en el Viejo Continente solo Hungría lo ha emprendido.

De hecho, la situación tampoco es nueva. Hace exactamente cuatro años, en julio de 2018, el Santander se plantó ante la intención del Gobierno de que los bancos pagasen más impuestos para ayudar a la sostenibilidad del Estado del Bienestar. De la amenaza inicial de las entidades con trasladar esos costes al cliente, la dirección de esta entidad abrió la puerta a «repensarse su estructura legal» con el cambio de parte de sus centros fuera de España. Llevarse sedes fuera, en definitiva.

No pasó del terreno de la hipótesis pero sirvió para dejar claro que al igual que ahora podría suceder, la banca no se va a limitar a asentir complaciente a la nueva imposición del Gobierno. 

Además, jurídicamente, tampoco lo tendrá fácil para llevarla a cabo. La dificultad estriba en determinar jurídicamente qué es un beneficio extraordinario y cómo se cuantifica legalmente si una ganancia es superior a la normal.

Y no solo eso. Los analistas apuntan que los bancos ya pagan Impuesto de Sociedades  -y dentro de su base imponible está el cobro de las comisiones- y los servicios financieros de las entidades tienen su propia tributación dentro del IVA por mandato de la UE. Es de tal calibre la maraña de impuestos existentes que, desde el punto de vista estrictamente legal, se antoja muy complicado buscar un hueco para más cargas porque la doble imposición no puede ser ordenada.