Izquierda Unida Podemos no ha recibido los documentos del presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Toledo pero su portavoz municipal, José María Fernández, no se resiste a hacer una valoración sobre lo declarado por la alcaldesa. Su opinión es que «no cambia nada» y subraya que hace pocas horas los gerentes de los servicios sociales han señalado que Toledo capital «es pobre en inversión social» y con este proyecto contable del PSOE «no se mejora».

El concejal de IU recuerda que se atraviesa un momento «de pandemia, de crisis de suministros, de problemas para mantener las viviendas y donde las ejecuciones hipotecarias han subido» pero Toledo destina a asuntos sociales «un incremento del 2,3%» que contrasta con el «94% del gasto extraordinario» que irá a parar a obras.

Fernández cree que el Ayuntamiento debe ser punta de lanza en el rescate de las familias pero en las cuentas no ve nada de eso mientras «las constructoras van a tener mucho trabajo».

Se pregunta si se puede hablar de servicios públicos de calidad cuando el dinero cae sobre las empresas, en obras o limpieza, además «no se fiscalizan los contratos» o su control corre a cargo de quienes elige y paga la propia concesionaria, de forma que si lo hace una entidad amiga nunca se vigilará como IU considera que se debe hacer.

Otro punto del presupuesto que les preocupa es que «se mantiene el mismo modelo productivo» basado en el turismo y se dedica cero euros a otros sectores, es decir, «se pierde la oportunidad de reindustrializar la ciudad» utilizando los fondos europeos que van a llegar.

Fernández ve que la alcaldesa destaca lo que crece (las obras) y dice que para IU destaca lo que no crece: no recupera la gestión de los servicios, siguen los mismos planes de empleo y hay poco dinero para servicios sociales.

Critica que las cuentas municipales recojan más de 40 millones de euros destinados a empresas privadas para que presten los servicios públicos  y cuando la empresa de limpieza viaria llegue a la ciudad de Toledo propondrá una terna de 3 empresas a las que pagará a una de ellas 50.000 euros para que fiscalice el trabajo». Por estos motivos apunta que los servicios públicos que se prestan «no se prestan desde lo público, sino que se prestan con la visión de lo privado, con la visión mercantilista» y los contratos aseguran el 6 por ciento al beneficio de la empresa. «Aproximadamente el 6% de esos 40 millones presupuestados, 2,4 millones, jamás van a llegar al beneficio de los vecinos. Siempre se van a quedar en las cuentas privadas de las empresas que gestionan los servicios públicos».