Las trabajadoras de la limpieza del Hospital Universitario de Toledo irán a la huelga si la patronal no atiende sus reivindicaciones salariales que en esencia son la subida similar al IPC más una cláusula de revisión.

José Luis Cerro, responsable provincial de la federación del Hábitat de CCOO, indica que hacen la concentración a las puertas del centro sanitario (aprovechando la hora del bocadillo) porque en Toledo ha quedado rota la negociación del convenio del sector (desde enero están hablando) debido a que la patronal responde con un convenio a tres años con subida global del 7% a partir de 1 de julio y sin revisión salarial. «Con esta propuesta se pierde un 9% de poder adquisitivo» tal y como está la cesta de la compra o los carburantes y la energía, «es una vergüenza el diálogo, se sientan a pasar la mañana y no dicen nada».

CCOO y UGT recalcan que el IPC se ha puesto en el 10,5% y han propuesto un convenio a 5 años «para dar tranquilidad al sector» así como la posibilidad de dejar la revisión salarial para el último año (2027) y hacer la media de la subida del IPC y que el 50% lo asuman los trabajadores. Además de una reducción de jornada, pasando de 39 a 37 horas a la semana. Pero «a todo» les dicen que no y tampoco ofrecen una alternativa. Recuerdan que el sector de la limpieza en pandemia fue alabado porque «se jugaron la vida» trabajando en hospitales, residencias, etc y utilizando bolsas de basura como protección pero a la patronal «le da igual».

El lunes que viene harán otra concentración en la Universidad y si no logran nada irán a convocar la huelga en toda la provincia donde hay 5.000 trabajadores. Pero avisan de que otras provincias están igual (excepto Albacete) y la huelga puede ser regional.

También hablaran con los clientes de estas empresas (Sescam entre ellos) a ver si dan algún paso para evitar el conflicto porque les viene un problema encima.

Pedro Barriga, secretario de la Federación de Servicios de UGT en la región, insiste en el empobrecimiento sistemático del sector que hace meses eran esenciales por su labor en colegios, universidades, hospitales, juzgados, residencias… y ahora «la Administración no defiende a estas trabajadoras». Afirmas que no se puede consentir una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 5% y que «es inasumible» el 7% en tres años que ofrecen  para un sector donde el 85% son mujeres con cargas familiares, salarios muy bajos y contratos parciales.

Por eso están dispuestos a trasladar el conflicto al resto de provincias frente a una patronal «que viene de la construcción a enriquecerse y no quiere subir ni un céntimo a las trabajadoras». Dice que la Administración tiene que ser responsable de las concesiones que da a estas empresas y obligarles a cumplir «los derechos fundamentales» de los trabajadores, la reforma laboral y estatuto de los trabajadores para «darles uno mínimos vitales para llegar a fin de mes» ya que ahora «se les condena a la estricta pobreza».