Cuando el exfiscal general del Estado y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, instó a los jueces a mancharse las togas con el polvo del camino, se refería a que tenían que salir de su torre de cristal y aplicar las leyes teniendo en cuenta las circunstancias del momento. Lo que es seguro es que no se refería a que los jueces fueran previsibles y tomaran sus decisiones y dictaran sus sentencias en función de su adscripción ideológica. Y eso es lo que ha pasado en la Sala de lo Contencioso Administrativo que ha decidido aceptar el recurso de reposición presentado por los tres partidos de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, contra la decisión de la misma sala debido que ha cambiado la composición de   la misma y los jueces conservadores son ahora mayoría con respecto a la formación inicial.  

Es muy poco habitual que un tribunal acepte los recursos de reposición contra una resolución dictada por el mismo órgano judicial. En este caso desde determinados sectores se ha visto esa decisión como la revocación de un auto dictado que dio cobertura judicial a la decisión política del Gobierno de conceder el indulto a los líderes independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo, al considerar que los tres partidos mencionados carecían de legitimación activa para presentar el recurso.  Ahora el Supremo tendrá que entrar en el fondo de la cuestión sobre si los indultos se atienen a la legalidad.  

Este es un ejemplo claro de qué, para muchos, hay una politización de la justicia buena y otra mala según responda a los intereses particulares de quién se vé beneficiado de la decisión, y en el mismo sentido consideran que es positivo que los jueces se manchen la toga con el polvo del camino, o las paseen por las moquetas. Es la hipocresía que se da al enjuiciar todas y cada una de las decisiones judiciales que se han tomado con respecto al proceso independentista, con independencia de los resultados judiciales y también políticos de las sentencias. Hace unas sesiones de control al Gobierno, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, lamentaba su destitución como jefe de la Abogacía del Estado por mantener el delito de rebelión en la acusación de los líderes del procés y negarse a cambiarlo por el de sedición. El tribunal sentenciador, encabezado por el magistrado Manuel Marchena, en efecto, los condenó por sedición, y quien estaba llamado a ser el siguiente presidente del CGPJ se convirtió en un vendido al Gobierno. Uno se considera víctima del Ejecutivo y el otro puede ver truncadas sus aspiraciones futuras y es víctima de quienes iban a auparle.   

Relacionar la nueva decisión de la sección de la Sala de lo Contencioso con un triunfo de la separación de poderes es tener una visión muy parcial, por irreal como demuestran las dificultades para la renovación de los órganos constitucionales con mayoría conservadora y sin visos de que haya cambios en su composición por la actitud obstruccionista de quienes se sienten cómodos con la situación actual.   

Lo que no puede negarse es que la concesión de los indultos fue realizada conforme a la legalidad y sobre todo a la utilidad para facilitar que el souflé independentista se haya desinflado de forma considerable. Y por supuesto han facilitado la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa.