El decano del Colegio de Abogados de Toledo, Ángel José Cervantes Martín, que ayer presidió la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, expresó su «preocupación» por la «sombra de privatización» que sobrevuela por encima de este tipo de servicios cuando, paradójicamente, «son reconocidos por los ciudadanos por encima de la sanidad o de la educación».
A pesar de alcanzar una valoración de 8,5 puntos sobre diez -superando la anterior encuesta de satisfacción, que les concedía un 8,1-, explicó Ángel José Cervantes, los abogados del turno de oficio han recibido con estupor una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en donde se reconocía la concesión a una entidad privada del servicio de orientación jurídica generalista promovido por el Ayuntamiento de la capital española. «Afortunadamente -continuó el decano, quien ve en este tipo de operaciones el «paso previo» a futuros intentos de privatización de la justicia-, es en primera instancia y confiamos en que el Supremo intervenga».
Según los números del XIV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita, donde se recogen cifras como los dos millones de intervenciones realizados en el último año entre turno de oficio, asistencia al detenido y violencia de género -prestados por uno de cada tres abogados en España (45.868)-, cada ciudadano invierte en justicia alrededor de 6 euros. «Un servicio que prestan 365 días al año, 24 horas cada día, y durante los meses más duros de la pandemia han estado ahí, prestando asistencia, de manera que nadie podrá decir que se quedaba sin un abogado de oficio».
Frente a los velados intentos de privatización, «sin pretender equiparar la importancia del gremio de la abogacía con la que han tenido durante la pandemia los sanitarios y las fuerzas del orden», es «de justicia» destacar el papel de sus profesionales. Por mucho que en 2020, lamentó Ángel José Cervantes Martín, no sea posible darles la visibilidad que durante la última década ha tenido cada 12 de julio como Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio.
Sea como fuere, el principal reconocimiento a su labor sería «una mayor inversión en justicia por parte del Ministerio: si de verdad queremos tener una justicia de calidad será necesario invertir en equipos, en recursos humanos, formación... No es cierto que la justicia haya quedado atascada por culpa del Covid-19: es que lleva mucho tiempo en esa situación».
Cifras en Toledo. El decano del Colegio de Abogados aprovechó el acto para comparar las cifras del trimestre comprendido entre los meses de marzo y junio de este año, en plena pandemia, con las de 2019. Entre el 14 de marzo y el 14 de junio del año pasado se tramitaron 4.451 expedientes de justicia gratuita frente a los 2.892 de 2020, lo que supone una caída del 35%. Mayor ha sido el descenso en asistencias a los detenidos, de un 40%, con 835 casos frente a los 1.415 de 2019. Por el contrario -según el propio Cervantes Martín manifestó en La Tribuna hace varias semanas-, han subido un 19%, de 149 a 177 casos, las asistencias en violencia de género. «Es un dato curioso, porque según el Observatorio de Justicia Gratuita son muy pocas las provincias en donde la violencia de género ha subido tanto».
Con respecto a los profesionales que realizan esta labor, sobre el censo de 734 abogados en la provincia de Toledo hay 173 en turno de oficio, 169 en asistencia al detenido y 123 en violencia de género (siendo este el único apartado de los tres en los que predominan las letradas mujeres, con un 54%). Los expedientes de justicia gratuita desarrollados en 2018 fueron 7.298. La cifra aumentó a 10.858 en 2019. «Son muchos los expedientes que se tramitan en esta provincia».