La siempre indeseable nueva convocatoria de elecciones generales por aplicación de la disolución automática prevista en el artículo 99 de la Constitución ha generado (como ya sucedió en 2016) toda una ‘lista de culpables’. Los líderes de los principales partidos políticos cruzan reproches. Pero tampoco faltan quienes imputan al rey una falta de actuación para dar solución al problema. Algunas opiniones, y entre ellas la del líder de uno de los partidos más republicanos de todo el arco parlamentario, apuntan que el jefe del Estado debería haber mediado para sacar adelante una propuesta o fórmula determinada. Seguramente a quien ha opinado de ese modo no le importa lo más mínimo el descrédito o daño en su imagen que tal actitud habría implicado al monarca. No olvidemos que, en el extremo contrario, otros han criticado la afirmación que hizo Felipe VI este verano, en un sentido tan genérico y obvio como que era preferible que hubiera Gobierno antes de ir a nuevas elecciones. En fin, la forma en que Italia (¡una vez más!) ha logrado resolver una crisis de Gobierno sin ir a elecciones, acaso con un cierto papel mediador del jefe del Estado, les puede servir a algunos para pensar que en una República habría mejores salidas a esta situación. Y no es así, en modo alguno.
Para empezar, ni en Italia, ni en España, ni en ningún sistema parlamentario, se logra formar Gobierno si no hay mayorías absolutas ni acuerdos entre los partidos. Las ‘soluciones imaginativas’ como un presidente más alejado de la vida política, caben en cualquier sistema parlamentario, pero resultan bastante ajenas a nuestra experiencia, y de todos modos requieren acuerdo. Añadido a lo anterior, el monarca parlamentario debe limitarse a «ser consultado, animar y advertir» y una actitud más protagonista nunca será positiva. Y en fin, la propuesta de candidato a presidente viene refrendada por el presidente del Congreso, quien asume la responsabilidad por ella. Así que, si alguien debe adoptar una actitud más activa, sería en este caso la presidente del Congreso. Aunque es claro que para ello debería ser una persona con un perfil realmente neutral. El papel del rey, aparte de su importante función simbólica, se limita a mi juicio a cuestiones de cierto detalle sobre todo el proceso previo, en particular el modo y procedimiento de las consultas, y aun en esa función actuará en estrecha comunicación con la presidencia del Congreso. Precisamente en ese aspecto, Felipe VI ha afrontado en 2016 y ahora en 2019 situaciones novedosas, desde el rechazo de una propuesta hasta la conveniencia o no de nuevas consultas si la primera propuesta fracasa, antes de proponer (o no) al mismo u otro candidato. Y todas ellas las ha resuelto de forma impecable.