El presidente de la Diputación Provincial de Toledo y alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha reclamado a los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, que actúen contra las ocupaciones ilegales de viviendas que, exponen en un comunicado, «deben ser tratadas como actos delictivos y a quienes las perpetran como delincuentes para que se les aplique el Código penal puesto que violentan la propiedad privada y ponen en jaque con sus actitudes la pacífica convivencia de los ciudadanos».
Álvaro Gutiérrez ha remitido sendas cartas a Fernando Grande Marlaska y a Juan Carlos Campo Moreno trasladándoles «la profunda preocupación, cercana a la desesperación, que muchos alcaldes y alcaldesas de la provincia llevamos experimentando desde hace años» ante los okupas y que «se ha convertido en un verdadero problema social que conlleva malestar ciudadano, comisión de delitos, actividades incívicas, falta de convivencia e inseguridad». Misivas en las que también transmite «la inquietud de cientos de miles de ciudadanos de bien, de ciudadanos de orden que creemos en la justicia. También en lo social».
Relata el presidente provincial y alcalde de Escalona, como estos sujetos entran violentamente en viviendas que no son suyas, hacen conexiones ilegales a las redes de energía y agua y amenazan a los vecinos y vecinas, sin que la actuación de las compañías eléctricas, los ayuntamientos o la Guardia Civil puedan solucionar esta situación delictiva, lo que «sume a la población no sólo en el desconcierto y enfado, sino en la más profunda desesperación al comprobar los inútiles esfuerzos de todos y de las propias fuerzas del orden que se encuentran sin instrumentos para ejercer la autoridad».
Ante esta situación, Gutiérrez pide «amparo y reflexión», ya que «quienes tenemos responsabilidades públicas no podemos consentir que el capricho de unos pocos (no la necesidad, ya que para ellos tenemos respuesta desde nuestro bien trabajado estado de bienestar) acabe con la paz, la convivencia y algo tan sagrado como es la propiedad privada».
Fundamenta el presidente provincial «que la propiedad privada es inviolable. Ni por ocupas ilegales ni por nadie», añadiendo que «no podemos consentir que la ciudadanía perciba que estos delincuentes cuentan con el respaldo implícito de las autoridades gubernamentales al no actuar para lograr una solución».
Por todo ello, ruega a Grande Marlaska y a Campo Moreno que «desde su departamento haga todo lo necesario para que las fuerzas del orden, los cuerpos de seguridad del Estado puedan dar respuesta policial a esta serie de actos que han de ser calificados de delictivos».
«Estas acciones -continúa Gutiérrez- han de ser tratadas como delitos y con la respuesta que se daría a cualquier comisión de delito: intervención inmediata de las fuerzas del orden con la autoridad inherente a las mismas, detención y puesta a disposición judicial del autor del mismo», porque «solo así acabaremos con esta pandemia que sufren nuestros pueblos y que no están dispuestos a soportar más tiempo».
Finaliza su escrito el presidente de la Diputación resaltando que «la defensa de los derechos ciudadanos ha de provenir del Estado de Derecho, NO de la organización vecinal que es lo que está ocurriendo» y eso, alerta, «es muy peligroso para el propio Estado».
El alcalde de Ocaña también pide auxilio a Interior y Justicia
Tres días después de que el presidente de la Diputación de Toledo remitiera sendas cartas a los ministros de Interior y Justicia reclamando medidas para acabar con la ocupación en la provincia, el alcalde de Ocaña, el también socialista Eduardo Jiménez García, seguía estos pasos enviando otras dos misivas a los mismos representantes públicos y con párrafos que replican el texto remitido por Álvaro Gutiérrez.
En dichas cartas, el alcalde de Ocaña traslada a los ministros Grande Marlaska y Campo Moreno, la «inquietud de cientos, de miles de vecinos de Ocaña de bien, de ciudadanos de orden que creemos en la Justicia, también en lo social».
Estas acciones, que parece se pueden ir reproduciendo por ayuntamientos, se registran después de que el pasado 1 de julio el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, anunciara en Illescas -cabecera de La Sagra, comarca fuertemente afectada por el fenómeno de la ocupación ilegal- que el Gobierno de Castilla La Mancha está decidido a acabar con la ocupación ilegal de viviendas y que para ello quieren fijar una estrategia junto al Gobierno central que ponga cerco y control a una situación que cada vez preocupa más.