La Junta de Comunidades ofrece a sus inquilinos de las 148 viviendas de la calle Río Yedra una bajada de sus alquileres al 50 por ciento, pero siempre y cuando se vayan quitando una deuda de recibos impagados, que en ocasiones es muy elevada. La idea es que al menos paguen cada mes, además del alquiler, un tercio de algún recibo atrasado, adaptado todo a la situación de las familias.

Fuente de Gicaman, instituto público propietario de las viviendas, explican que la Junta comprende que hay familias para las que ya es muy difícil pagar el precio de estas VPO (no se puede cambiar la calificación), de ahí su esfuerzo por buscar soluciones. Pero tampoco puede perdonar la deuda a la administración, poque es patrimonio público. De forma que hace esta oferta, a la que los inquilinos se podrán acoger de forma voluntaria, y que entiende que es una oportunidad para ir quitando una enorme deuda, que podría quedar incluso para los herederos.

Gicaman recuerda que durante los últimos años la Junta está haciendo un gran esfuerzo económico para recuperar esta promoción, mientras trabaja judicialmente en echar a los ocupas. Al tiempo, lleva tiempo reuniéndose con representantes de los residentes. De su última propuesta, explica, parece que salieron contentas, pero días después hicieron una contrapropuesta que consistía en pagar un máximo de 200 euros por familia. Esto es inaceptable para la Junta, dado que supondría que algunos inquilinos tardarían 327 años en quitarse la deuda, «¿qué hipoteca te hacen a 327 años?». No es una demanda aceptable.

Concentraciones. La propuesta no es satisfactoria para los inquilinos, que piden una mayor rebaja en sus alquileres y facilidades para pagar la deuda, tal y como propusieron el pasado mes de mayo. Pasado un tiempo prudencial, y ante el silencio de la administración, han programado sendas concentraciones ante la sede de Gicaman, para mañana martes y el próximo miércoles, de diez a doce de la mañana.

Los vecinos, apuntan sus representantes, están ya cansados de vivir «entre mierda», sin seguridad y entre situaciones sociales más que incómodas. Algunos de ellos están pagando todavía el alquiler, aunque otros, en vista de la situación, están optando por dejar de hacerlo hasta que el propietario de las viviendas, Gicaman, no dé una solución definitiva. También están casados de que «nos traten a todos por igual, cuando somos personas trabajadoras, nos levantamos a las siete de la mañana para trabajar, y por cuatro vándalos que viven, nos toman a todos por igual». Hay servicios de comida, por ejemplo, que se niegan a acudir a sus viviendas, «pero por cuatro sinvergüenzas, no por todos los que vivimos, que aquí vivimos gente normal, trabajadora».

Sin respuesta. Tras organizarse los inquilinos por portales, han comenzado las conversaciones con Gicaman. El abril, el instituto público les pidió que les elevara su propuesta. Ellos lo hicieron sus peticiones el 9 de mayo y pedieron una respuesta en diez días. Gicaman dijo que tenía un mes, pero pasado ese periodo, no hay respuesta. «Así que vamos a comenzar a movilizarnos, porque si no, al final vamos a caer enfermos psicológicamente», apuntan los afectados.

Los vecinos se lamentan de que, en primer lugar, las puertas de la comunidad no pueden estar abiertas, «y cuando llamamos para que las arreglen, dicen que no las arreglan porque las van a romper». A su juicio, eso no es excusa, hay que buscar soluciones, porque sí se han tapiado garajes y trasteros, «porque la policía estaba harta de venir porque había mucha droga y prostitución, y han puesto una puerta que no se rompe». Piden soluciones porque «tenemos niños y la gente no puede bajar con sus hijos al patio a jugar, es de vergüenza, se ha quedado para los galgos, no podemos vivir así y nos tienen que escuchar en algún sitio». Sobre los ocupas no se pronuncian, recuerdan que el propietario es Gicaman y es quien debe acudir a los juzgados, «nosotros con ellos no nos vamos a meter para nada».

Además, también han elevado una propuesta económica. Muchos vecinos han pagado y están dispuestos a pagar «siempre y cuando Gicaman colabora con nosotros, porque no podemos vivir entre mierda, con las gente que vive en los trasteros y hacen sus necesidades por allí». Su propuesta es pagar por los pisos de dos dormitorios 110 euros al mes, 130 por los de tres dormitorios y 140 por los de cuatro, más treinta o cuarenta euros de comunidad, e ir quitándose la deuda a razón de veinte o treinta euros, cada uno como pueda. «Nosotros no nos negamos a pagar, pero que ellos cumplan también con su obligación», apuntan los afectados.