La cumbre informal de Ministros de Agricultura que arranca este lunes en Lisboa y que se prolongará hasta el martes, promete. Primero, porque la presidencia portuguesa de turno finaliza mandato rotatorio en la UE y sabe que su prestigio en la coordinación política desarrollada este semestre, podría quedar en entredicho si fracasa –otra vez- el acuerdo definitivo para cerrar los reglamentos futuros de la nueva Política Agrícola Común (PAC) que acumula un retraso de tres años.
No es menor el dato porque la propia Comisión ha tenido que diseñar una arquitectura de transición que está llevando a todos los países, y a las administraciones intermedias, a hacer cambios normativos permanentes para que no se atasquen los dineros.
Sin embargo, los territorios necesitan certidumbre para programar la adaptación al nuevo modelo de reparto y asignación que exigirá un esfuerzo adicional a los beneficiarios para demostrar que pueden ser más sostenibles en sus explotaciones y cumplir con los compromisos frente al Cambio Climático. Y ahí está la batalla.
El vicepresidente Timmermans forzó las negociaciones en el último trílogo de mayo desde una posición de máximos, con muy poco margen de cesión por su parte lo que provocó el desacuerdo. Puede que fuera una estrategia para intentar llevar a los países a revisar sus posiciones a la reserva de presupuesto para los nuevos ecoesquemas con el fin de que la decisión final se acerque más a sus pretensiones del 40 por ciento que al 25 donde muchos ministros se sentían ya cómodos.
Será determinante ver sin embargo cómo queda el otro mandato de acelerar la convergencia de las ayudas dentro de un país porque ello podría resolver ahora una de las principales batallas que se avecinan en el seno de la conferencia sectorial de Agricultura entre el MAPA y las comunidades autónomas que es diseñar el número total de regiones agronómicas donde unificar los pagos básicos o ayudas directas.
El consejero de Agricultura de Castilla –La Mancha alberga esperanzas de que el Parlamento imponga su criterio de aplicar una convergencia del cien por cien, porque eso forzaría a simplificar ese mapa y evitar de facto la guerra entre comunidades autónomas. Piensa que así sería más fácil lograr la equidad en la distribución de las subvenciones mientras desaparecen  los derechos históricos que tampoco hay demasiada certidumbre sobre su verdadero final.
También está por ver cómo queda la condicionalidad social de las ayudas que penalizarán o expulsará a aquellos beneficiarios que incumplan la legislación laboral o abusen de los trabajadores en las relaciones contractuales. Este asunto ha generado curiosos matices en algunas posiciones. Mientras Luis Planas se muestra reacio si dicho concepto supusiera más carga administrativa para los perceptores, el consejero de Agricultura se muestra contundente y receptivo a la medida al entender que la gran mayoría del sector cumple pero que es necesario acabar con los ‘sinvergüenzas’ que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Al fin y al cabo, la Política Agraria Común está también para dignificar el esfuerzo de todos.