Dicen que mal de muchos es consuelo de tontos, pero al conocer la filtración del contenido de la futura sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América sobre el aborto lo primero que he pensado es aquello de que 'en todas partes cuecen habas'; es decir, estas cosas no solo pasan en España, ya que hoy en día es muy difícil evitar que cualquier información dé rápidamente la vuelta al mundo. Lo cierto es que, en uno u otro lugar, estas filtraciones suelen tener algo en común: proceden de sujetos interesados en que lo que dice la filtración no llegue a cumplirse, sobre todo si logran que desde diversos sectores y lobbies se presione al propio órgano judicial para que 'reconsidere' el contenido de su decisión.  De ahí deriva otro elemento en común: estas filtraciones siempre hacen daño a la institución, pudiendo llegar a comprometer su independencia si esta cede a esas posibles presiones; y en cualquier caso su imagen y prestigio nunca sale bien parado de estas situaciones.
Todo esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde muchos grupos se están movilizando para tratar de impedir que el Tribunal Supremo apruebe su dictamen tal y como se ha filtrado. No escribiré ni una palabra sobre el fondo del asunto hasta que la sentencia no esté aprobada, pero siempre me han llamado la atención este tipo de manifestaciones frente a las resoluciones judiciales. Desde luego, vaya por delante que están plenamente amparadas por la libertad de manifestación. Y sería imposible no ver el impacto que podría tener una decisión de este tipo, que corregiría una de las decisiones señeras de la jurisprudencia de una de las Cortes más influyentes del mundo, como lo fue Roe v. Wade (1973). Pero lo que me resulta llamativo es que este tipo de manifestaciones no parecen encuadrarse en ninguna de las dos alternativas por las cuales una decisión judicial puede ser 'injusta', 'errónea' o criticable: si el error procede de que el derecho es injusto o no ofrece la mejor solución, habría que manifestarse frente al poder que puede modificar el derecho, esto es, el legislativo (o el constituyente, o incluso el ejecutivo en la medida en que puede impulsar la reforma); si el error es del aplicador, solo puede discutirse esa cuestión con argumentos propiamente jurídicos, así que solo quienes conozcan la ciencia jurídica podrían argumentar contra la decisión judicial… Lo cierto es que estamos ante un tema polémico, ante el que las sociedades suelen dividirse, por razones morales o religiosas, pero por lo que hoy vemos en Estados Unidos, sobre todo políticas. En estos casos, no es descabellado dejar la solución al legislador competente.