El Sindicato de Policías Locales y el Ayuntamiento de Toledo han empezado a mantener reuniones con cierta continuidad para retomar las negociaciones del segundo Plan de Modernización de la Policía Local toledana. Un acuerdo por el que se busca mejorar las condiciones económicas y laborales de los agentes, así como de dotarles de más medios con los que puedan realizar un mejor servicio a la ciudadanía. De hecho, para asegurar que todos los procedimientos acordados estén sujetos a la legalidad, las diversas reuniones entre ambas partes están contando con la presencia de expertos y graduados en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha como asesores externos.
Una tercera parte en las negociaciones que tiene como deber, de manera arbitraria, la labor de supervisar que todas las acciones acordadas tengan la suficiente garantía jurídica «para evitar futuros problemas o informes negativos de la secretaría municipal», señalo Antonio González, delegado del Sindicato de Policías Locales en Toledo (SPL). Éste dijo estar conforme con esta asesoría externa y con la «buena voluntad» mostrada por el equipo de Gobierno.
Un instrumento jurídico que pretende evitar lo que ya ocurrió en las negociaciones entre el Consistorio y los Bomberos de Toledo, en las que el organismo público se verá obligado a rehacer un informe de estas características para acceder a las peticiones actuales de este cuerpo de extinción y prevención de incendios después de que inicialmente su secretaría jurídica las concluyera como «no viables».
Por tanto, en un terreno legal más cómodo para el Ayuntamiento de Toledo, el equipo de Gobierno propone al SPL una serie de ideas a adoptar con el denominado Plan de Modernización de la Policía Local. Algunas de ellas son el refuerzo o la estructuración de la unidad canina, que actualmente opera sin el reconocimiento acorde, la llegada de drones para el uso exclusivo del cuerpo municipal -y que el Consistorio ya ha adquirido en propiedad-, así como la creación de nuevas unidades especializadas, como una de motoristas u otra de sostenibilidad turística para regular y reordenar los problemas y la circulación del turismo en la ciudad. Ideas que han sido propuestas por los concejales presentes en estas reuniones, que son los casos de Francisco Rueda y Juan José Pérez del Pino, y que desde el sindicato policial aceptan de buen grado.
En cuanto a las reivindicaciones de la Policía Local, Antonio González revela que buscan retribuciones económicas para sus representados por medio de la Ley de Desconexión Digital. Esta legislación recoge que los funcionarios tengan el derecho a desconectar una vez que finalice su jornada laboral, algo de lo que está exenta la Policía Local. Por ello, desde el SPL solicitan que los agentes, por el hecho contrario a esta ley, es decir, por permanecer conectados por si deben acudir a su puesto de trabajo en caso de emergencia, reciban una compensación económica.
Desde el Ayuntamiento reconocen que se está estudiando la medida como forma de reducir las horas extraordinarias que realizan los agentes y que suponen «un alto coste» para el organismo público. Esto quiere decir que una de las fórmulas que maneja el Consistorio para su aplicación sería reducir las horas extraordinarias a cambio de esta compensación económica que obligaría a los agentes a estar disponibles en caso de que su jefatura lo considere oportuno.
Para esta semana el equipo de Gobierno espera recibir un informe arbitrario de parte de la universidad para, a partir del mismo, presentar un documento formal sobre la mesa al Sindicato de la Policía Local.