«Corregir las prácticas que en el pasado nos han conducido a la sobreexplotación de los acuíferos, a la contaminación de las masas de agua, o al deterioro de nuestros ríos». Con esta frase la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, hizo toda una declaración de intenciones al presentar la nueva planificación hidrográfica de las cuentas intercomunitarias. «Romper con esos malos hábitos» agregó, para lo que «no solo es importante conocer el volumen de agua disponible en cada demarcación, sino cómo priorizar sus usos y cómo prepararnos para escenarios muy diferentes», para poder gestionar este tercer ciclo de la planificación (2022-2027) con éxito.

En este sentido, Ribera apuntó a una mejora de la seguridad hídrica como puntal en esta planificación pero ofreciendo una «garantía de suministro», para lo que señaló que se dará un «mayor protagonismo» a la desalación y a la reutilización de las aguas, como fórmulas para conseguir «equilibrar» los territorios que sufren estrés hídrico, es decir, equilibrar «la oferta con las demandas» puntualizó. Además, la vicepresidenta cuarta recalcó que ahora es «imprescindible» cumplir «de una vez por todas» con la obligación que se marcó hace más de veinte años de «contar con caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas». «Reducir las presiones que soportan las masas de agua» dijo, y mejorar los sistemas de depuración, «que es la gran asignatura pendiente todavía en nuestro país».

Según explicó después el director general del Agua, Teodoro Estrela, los Planes apuestan por la recuperación de acuíferos y por un impulso decidido de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que permita «revertir su deterioro hidromorfológico» y gestionar el riesgo de inundación.

8.000 millones

Algo «imposible de acometer si no invertimos», de manera que avanzó una inversión de hasta 8.000 millones de euros solo desde la Administración General del Estado, para los próximos seis años. Hasta 20.000 sumando todas las inversiones de las administraciones públicas. «Un esfuerzo inversor sin precedentes que marcará un antes y un después en la gobernanza del agua en nuestro país» dijo. De hecho, más de la mitad de esos recursos, 10.500 millones, irán destinados a cumplir con los objetivos ambientales.

Estos planes se ajustan a la normativa europea y siguen las directrices contempladas en el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad, o el Plan de Acción Contaminación Cero, otro de los objetivos a cumplir hasta 2027, «para combatir la contaminación puntual y difusa». Para ello también se busca un «uso adecuado de prácticas agrícolas», sobre todo en el caso de fertilizantes y pesticidas.

Desde este lunes los borradores de planes de cuenca estarán durante seis meses en proceso de consulta pública para lo que Ribera llamó a la participación de todos los agentes implicados en la gestión y uso del agua con un objetivo: «conseguir que los planes salgan adelante con el mayor consenso posible».