Castilla-La Mancha va a simplificar la tramitación de proyectos de energías renovables, especialmente de fotovoltaica y eólica. Lo va a hacer porque el Gobierno de España lo autoriza con las nuevas normas que permite aplicar desde finales de marzo a raíz de las consecuencias de la guerra de Ucrania. El Gobierno regional ha decidido aprovechar esta oportunidad, tal como anunció Emiliano García-Page en la presentación del Plan de Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha, asegurando que el 70 por ciento de los trámites se van a eliminar. Pero no es el Gobierno regional quien ha presentado esta modificación normativa, sino el Grupo Parlamentario Socialista. La propuesta ya está en las Cortes y se debatirá y votará en breve.

¿Qué cambios trae esta nueva normativa? Son cuestiones muy técnicas las que se cambian para acelerar estos proyectos. Por ejemplo, se declarará la vía de «urgencia» para los expedientes que ya «hayan obtenido el informe de determinación de afección ambiental favorable». Esta medida se podrá aplicar si los promotores de los proyectos piden este procedimiento simplificado de autorización y lo hacen antes del 31 de diciembre de 2024. Para justificar esta medida el propio texto legislativo argumenta que se hace «con el fin de lograr una reducción de la dependencia energética, la contención de precios y la garantía del suministro».

Por ejemplo, con esta modificación se efectuará de manera conjunta la tramitación y resolución de las autorizaciones previa y de construcción. Otros trámites se unifican o los plazos se reducen a la mitad.

Sensibilidad ambiental para eólica (baja en zonas blancas y máxima en naranjas).También el texto recoge que para la tramitación de procedimientos de evaluación ambiental de plantas fotovoltaicas o eólicas se priorizarán los que estén en zonas denominadas de sensibilidad baja o moderada. Estas áreas están establecidas según la 'Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables', elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica y el mapa se puede consultar en la propia web del Ministerio. En función del tipo de energía, eólica o fotovoltaica, se establecen diversas zonas por colores.

El color naranja más intenso marca zonas de sensibilidad máxima para estos proyectos y aquí están, por ejemplo, las áreas colindantes a los núcleos de población o espacios protegidos como las zonas ZEPA de protección de aves esteparias. En un naranja más claro se colorean las zonas de sensibilidad muy alta y en un amarillo intenso las de sensibilidad alta. Por contra, las zonas de sensibilidad moderado aparecen en amarillo claro y las de sensibilidad baja en blanco. 

Según expone la modificación legislativa, se priorizarán los informes ambientales de los proyectos que se vayan a ubicar en estas zonas de color blanco o amarillo claro. Aunque la normativa no argumenta por qué, cabe entender que en estas zonas es a priori más fácil que el informe de afección ambiental salga favorable, en comparación con las zonas de sensibilidad alta o muy alta. Se podría decir que la Administración prioriza la tramitación de los expedientes que lo tienen menos complicado para salir adelante.

La propuesta del PSOE también incluye algunos cambios pequeños en la Ley de Despoblación y la del parque Sierra Norte de Guadalajara para resolver ciertas discrepancias sobre competencias con el Estado. 

Según el Plan de Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha, la Junta se plantea triplicar la potencia instalada de renovables en la región hasta llegar a los 23 gigavatios cuando termine la década. En estos momentos hay 8.500 megavatios instalados, que se traducen en unos 8,5 gigavatios, sobre todo de energía eólica y fotovoltaica. El Plan calcula que cada año se pueden crear 9.000 puestos de trabajo y da una cifra de inversiones que supondría movilizar 20.000 millones hasta 2030.