Brasil lleva semanas protagonizando noticias relacionadas con la política comercial europea. Ha denunciado a la UE, ante el Órgano Solucionador de Diferencias de la OMC, por incumplimiento de los acuerdos internacionales al imponer controles sanitarios discriminatorios a las importaciones de carne de pollo brasileña. Su difuso compromiso, al parecer de los europeos, contra el cambio climático y la deforestación de la Amazonia parece que está entorpeciendo la firma final del ambicioso acuerdo comercial UE-Mercosur.
Los exportadores brasileños se sienten perjudicados por verse obligados a someterse a costosos trámites burocráticos para demostrar que sus productos no proceden de zonas deforestadas o degradadas, ahora que la UE anuncia normas para prohibir las importaciones de soja, café, carne bovina, madera, cacao y aceite de palma que procedan de tierras deforestadas o degradadas, ligadas al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. Poco han tardado los brasileños en culpar a la UE de proteccionista comercial y acusarla de que lo que realmente persigue, bajo la apariencia de su preocupación ambiental, es imponer barreras comerciales para restringir la entrada de productos agrícolas y proteger los intereses de los agricultores europeos. Poco justificado, a su juicio, cuando precisamente Brasil, en la COP26 de Glasgow, acaba de comprometerse a adelantar el fin de la deforestación ilegal en 2028 y a alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Pero la UE, con su Pacto Verde Europeo, quiere ser el primer continente climáticamente neutro y ha puesto el acento en conseguir, mediante la 'Estrategia de la granja a la mesa', un sistema alimentario sostenible. Es decir, un sistema que ofrezca disponibilidad suficiente y estable de alimentos inocuos y nutritivos para todos, sin comprometer las bases económicas, sociales y ambientales de las generaciones futuras. Una noble aspiración que pretende más allá de sus fronteras, donde no alcanzan sus normas, apoyando a la transición global-mundial, mediante sus políticas exteriores de cooperación y de comercio internacional basadas en la negociación, en la firma de acuerdos de equivalencia y en la aceptación de compromisos por terceros.
Al margen de que la UE debe ser eficaz, explicando y negociando con sus socios comerciales, para que sus condiciones sean reconocidas, aceptadas y respetadas en el marco internacional y que debe conseguir que en la OMC su pretensión política se traduzca al plano técnico y jurídico. También es cierto, por ejemplo, que el Tribunal de Cuentas, que comprueba si la UE alcanza sus objetivos con el menor número de recursos posible, señalaba en 2010 a la Comisión Europea que en ocasiones se aceptan, en acuerdos de equivalencia con terceros países, significativas reducciones en el rigor de los controles veterinarios de las importaciones de alimentos que no se basan en evidencias razonables. O que, en 2019, constatará debilidades en el control de la importación de productos ecológicos, puesto que había pocos acuerdos formales de cooperación para supervisar la certificación ecológica en el origen. No es tan fácil lograr compromisos y alcanzar acuerdos de equivalencia y tampoco es tarea sencilla el control de su cumplimiento.