Cuando el pacto parecía más cercano que nunca, y a falta de menos de un mes para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumpla cuatro años en funciones, PSOE y PP volvieron a suspender la pasada semana las negociaciones para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. El motivo, las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reformar el delito de sedición en el Código Penal para rebajar las penas, una línea roja para los populares inquebrantable.

Este último encontronazo, que sigue todavía sin resolverse entre acusaciones mutuas y reproches, mantiene en suspenso un diálogo iniciado hace unas tres semanas, cuando la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ y del Supremo forzó a las partes a volver a sentarse. 

Entonces, los socialistas hablaron de última oportunidad; una intentona que para los populares aún es viable, si se pone «por escrito» el compromiso de no tocar la sedición. Mientras, Ferraz insiste en obviar esta cuestión y acusa a Génova de incumplir la Constitución.

Desde dos elecciones generales a una pandemia, muchos son los acontecimientos vividos en España en los más de 1.400 días transcurridos desde el 4 diciembre de 2018, cuando caducó la vigencia del actual Consejo ante la incapacidad del PSOE y el PP de alcanzar un consenso. Está por ver si cuatro años de bloqueo llevarán a un sexto intento o si este será el último capítulo de una larga historia de idas y venidas en una negociación que sigue sin conducir a buen puerto.

La primera vez que se malogró el pacto era noviembre de 2018. Sánchez aún encabezaba un Gobierno en solitario y Pablo Casado acababa de hacerse con las riendas del PP tras el terremoto de la moción de censura a Mariano Rajoy.

La filtración de un wasap, en el que el popular Ignacio Cosidó defendía que la lista consensuada con el PSOE permitiría «controlar desde detrás» la sala segunda del Tribunal Supremo, dinamitó el acuerdo y provocó que el juez Marchena, el elegido para presidir el CGPJ, renunciase a su candidatura.

2019, cuando España vivió dos elecciones generales, en abril y en noviembre, fue un año perdido para la negociación, que se retomó en 2020, cuando Sánchez y Casado abordaron de nuevo en la Moncloa la situación del Poder Judicial.

Era febrero, ya se había formado el Gobierno de coalición y Dolores Delgado había pasado del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. La pandemia puso un mes después patas arriba la vida de los ciudadanos, y la segunda ronda de conversaciones, esta vez entre el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo y el dirigente del PP y magistrado Enrique López, llegó en julio.

Sin embargo, el diálogo volvió a romperse, en esta ocasión a raíz de que el Rey Juan Carlos I abandonase España en agosto, sin que el PP fuese informado previamente, y a causa de las críticas del entonces vicepresidente y líder de Podemos Pablo Iglesias a la Corona.

El PP exigió que los morados quedasen fuera de la negociación. Casado hizo público el veto el 2 de septiembre,  tras reunirse con Sánchez de nuevo en la Moncloa. En otoño, el líder conservador exigió una reforma legal para que los jueces elijan de forma directa a los 12 vocales del turno judicial.

Tras fallar la segunda intentona de un pacto y mientras proseguían los nombramientos hechos por el CGPJ, el Gobierno buscó vías para sortear el acuerdo. En octubre, PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley para elegir el Consejo con mayoría y no por tres quintos.

El PP sumó entonces una exigencia más a su lista: retirar esta iniciativa parlamentaria. La reforma provocó además una advertencia del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco). Tras este aviso, Sánchez propuso a Casado congelar la modificación legal propuesta nueve días antes para sentarse a negociar.

Este envite no posibilitó un consenso. En diciembre, los partidos de la coalición iniciaron una nueva reforma, esta vez para recortar las competencias del CGPJ cuando está en funciones.

Constantes vetos

Dos llamadas entre Sánchez y Casado, el 15 de diciembre y el 17 de febrero de 2021, fueron necesarias para reiniciar el diálogo entre ambos.

Ese tercer intento el pacto estuvo cerca del éxito. Socialistas y populares consensuaron Radiotelevisión Española, pero el acuerdo judicial finalmente se rompió el 26 de febrero por el veto del PP a los dos vocales que proponía Podemos: la actual delegada para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y el juez José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que juzgó la trama Gürtel.

Suspendido el diálogo, el 11 de marzo el Congreso dio luz verde a la reforma que impidió al CGPJ hacer nombramientos con el mandato caducado. En primavera, la Comisión Europea urgió a renovar, mientras que el PP volvió a exigir un compromiso parlamentario para que la elección directa de los vocales la hicieran los jueces.

El siguiente movimiento llegó en octubre, cuando el líder de los conservadores ofreció renovar los órganos constitucionales pendientes, a excepción del Poder Judicial donde se mantenían las distancia.

Con Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y Teodoro García Egea, entonces secretario general del PP, como interlocutores, PSOE y PP sí alcanzaron esta vez un pacto para renovar el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y cuatro magistrados del Constitucional.

Esos acuerdos fueron los públicos, pues meses después se conoció un pacto, en este caso secreto, para garantizar la siguiente renovación del Tribunal de Garantías con una reforma del CGPJ, si este seguía bloqueado.

Cuando este documento se hizo público, en agosto de 2022, el PP ya tenía un nuevo líder después de una crisis sin precedentes en Génova que acabó con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, relevando a Casado.

El penúltimo intento para renovar el CGPJ llegó el pasado 7 de abril, cuando Sánchez y Feijóo acordaron retomar las conversaciones en su primer encuentro desde que el gallego se convirtió en jefe de la oposición. El eurodiputado y vicesecretario de Institucional del PP Esteban González Pons pasó a ser el interlocutor de los populares.

Sin embargo, tampoco esta vez fructificó el acuerdo. Primero se aplazó la negociación por las elecciones autonómicas del 19 de junio en Andalucía y el diálogo se rompió en julio, al presentar el PSOE una proposición de ley para permitir que el Consejo sí nombrase a dos magistrados en el Constitucional, aprobada de forma exprés entre los reproches del PP.

Pese a esta nueva ruptura, en julio el PP mandó a Moncloa un documento para negociar, en el que exigían varias condiciones para acabar con las puertas giratorias, además de un compromiso para reformar el sistema de elección del CGPJ con la propuesta que hiciesen los nuevos vocales.

También rechazaron que la nueva ley pusiese plazo a los vocales para elegir a dos magistrados para el Tribunal de Garantías, una renovación que sigue pendiente aunque ya se encuentra inmersa en una negociación.

El inmovilismo marcó el verano. En agosto, la publicación del pacto secreto con los populares enfadó a la nueva dirección en Génova No hubo movimientos cuando el comisario europeo de Justicia visitó España, ni cuando el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, avisó en septiembre de que dimitiría. Tuvo que llegar la renuncia formal de Lesmes, el pasado 10 de octubre, para que las conversaciones se retomasen a raíz de un nuevo encuentro entre Sánchez y Feijóo.

En el aire

Diecisiete días después, el PP anunció que suspendía las negociaciones, a pesar de que ambas partes habían informado sobre avances, en consonancia con las exigencias que los populares hacían para despolitizar la Justicia y evitar puertas giratorias.

La reforma del delito de sedición que defiende el Ejecutivo y el anuncio de Sánchez de un pacto «listo», que el PP desmintió a continuación, fueron los dos los ingredientes determinantes que dieron al traste con el quinto intento.

El PSOE acusa al PP de ceder ante la derecha reaccionaria y el PP carga contra el PSOE por hacerlo ante los independentistas, en una dinámica, las acusaciones mutuas, que dura muchos más años que el bloqueo judicial.