Los ayuntamientos españoles deberán disponer antes de 2023 de un censo de edificios e infraestructuras que contengan amianto así como un plan para su eliminación, según consta en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que el Consejo de Ministros aprobará «en breve», según confirmó esta semana la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Se trata de la primera vez que una norma obligará a los municipios a censar todas las instalaciones que contengan esta sustancia cancerígena.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, también establece que la ropa del armario que se quiera desechar como un residuo tendrá su propio sistema de recogida separada en España antes del 31 de diciembre de 2024.

Según la última versión del texto -de finales de abril-, los consistorios deberán establecer sistemas de recogida separada de los residuos municipales entre los que se incluyen los de origen doméstico (envases, papel, cartón, vidrio, metales y plásticos) -es decir los de los contenedores azul, amarillo y verde- los biorresiduos, la madera, los textiles, los residuos de aparatos eléctricos y electrónico, las pilas, los acumuladores y los residuos de gran volumen como los colchones y muebles, así como el aceite de cocina usado.

En concreto, los residuos textiles que representan el 4,62% de los 23 millones de toneladas de los residuos urbanos, según datos del Gobierno, deberán contar antes del 31 de diciembre de 2024 con un sistema de recogida separada.

De este modo, como tope en la Nochevieja de dentro de cuatro años también será obligatorio para los municipios disponer de una recogida separada de aceite de cocina usado, tanto para los hogares como para el de la hostelería y también para los residuos voluminosos, como por ejemplo los muebles o enseres, así como los residuos domésticos peligrosos.

Pero antes de ese hito, este mismo año, el 31 de diciembre de 2021 los Ayuntamientos también deberán contar con una recogida separada de los biorresiduos (basura orgánica) domésticos en el caso de poblaciones de más de 5.000 habitantes y dos años después, en 2023 en el resto de municipios.