Con el objetivo de «mejorar significativamente su calidad de vida» el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un gasto de 1.858.475 millones de euros para licitar el contrato de servicios para la gestión integral del Centro de Atención para Personas con Discapacidad Intelectual Grave (CADIG) de Santa María de Benquerencia.
Es una acción que la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández ha enmarcado dentro del «profundo compromiso social» del Gobierno. Y es que se trata de una partida que «nos va a permitir prestar los servicios indispensables para el funcionamiento del centro». Un contrato que tendrá una duración de tres años en el periodo que va del 2023 al 2026, y podrá prorrogarse por un periodo máximo de hasta dos años.
Los objetivos que se marca este centro ubicado en el polígono residencial de Toledo pasan por «hacerles felices, que es de lo que se trata, incrementando lo máximo su capacidad de conectar con la sociedad, sus habilidades sociales, sus capacidades comunicativas, su autonomía personal, su interacción social y la participación de las familias». Este CADIG, es uno de los 19 dispositivos de centros residenciales para personas con grandes necesidades de apoyo.
Fernández ha reconocido la «humanidad» de los profesionales que trabajan en el centro, mejorando «la participación e inclusión» de cada residente, así como la participación de sus familias, aclarando que se trata de «centros abiertos a la comunidad concebidos como espacio de vida en los que se propicia un ambiente familiar».
Este CADIG cuenta con cinco unidades residenciales donde pueden convivir hasta 48 personas, además, de disponer de diez plazas en régimen de centro de día.
Además ha detallado que actualmente la región tiene más de 2.000 plazas de atención especializada a personas con discapacidad intelectual grave.
Líder en tasa de actividad. Fernández ponía en valor que por segundo año consecutivo, Castilla-La Mancha cuenta con la tasa de actividad para personas con discapacidad más alta de España, con una diferencia de seis puntos con respecto a la media nacional, superando el 40 por ciento de tasa de actividad y habiendo crecido tres puntos en los últimos tres años. Algo que califica de «éxito colectivo», que pone de manifiesto que la región es una sociedad «sana» que tiene que «esforzarse más por quien lo necesita más».
Sobre políticas de discapacidad ha detallado que se atienden diariamente a 14.000 personas con discapacidad a través de 360 centros, recursos y servicios, destinando 137 millones de euros al año con un incremento de un 40 por ciento y 52 millones de euros más desde 2015.