Recas pide ayuda al Estado contra una urbanización ocupada

J.M.
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El alcalde se ha reunido con el subdelegado del Gobierno para pormenorizar los problemas generados en los más de 90 chalés ocupados ilegalmente junto al núcleo urbano

Recas pide ayuda al Estado contra una urbanización ocupada

El alcalde de Recas, el socialista Eliseo Ocaña, aterrizó en junio como alcalde de esta localidad sagreña y era conocedor ya de uno de los problemas más graves de la localidad. Tanto, que fue uno de los asuntos nucleares en la reunión mantenida el pasado lunes con el subdelegado del Gobierno en la provincia, Carlos Ángel Devia. Buena parte de los municipios de la comarca de la Sagra, y de otras zonas de la provincia, están fulminados por este fenómeno ilegal, y en el caso de Recas está acentuado porque una urbanización completa está ocupada.
Así lo relata el regidor municipal, quien asegura que la llegada de las familias se remonta a hace al menos un año. Desde entonces, ocupan los más de 90 chalés de esta promoción. «Hay un problema de inseguridad que nace de la ocupación», apunta Ocaña, quien tituló la llamada al encuentro en la página de internet como 'Objetivo de seguridad'.
Se trata de dos calles llenas de chalés en pleno núcleo urbano del municipio que presentan un aspecto muy descuidado, con la suciedad que los ocupas no corrigen por no hacer uso de los servicios públicos. «Molestan a los vecinos de toda la vida», subraya el alcalde de Recas, una localidad de más de 4.000 empadronados. Los ocupas proceden probablemente de municipios del sur de la Comunidad de Madrid.
Uno de los escollos para salvar la situación, como señala el alcalde, se debe a que queda por dilucidar el propietario de los chalés por un proceso judicial abierto. «Intentamos buscar una solución», indica por las limitaciones del equipo de Gobierno en la eliminación de la ocupación.
La comarca de la Sagra está afectada gravemente por la ocupación, pero el fenómeno ilegal se extiende a otras, como Ocaña o Torrijos. En cuanto a esta última, este diario publicó el hartazgo de la alcaldesa de Santo Domingo-Caudilla, Silvia del Olmo, por los insultos y amenazas de las más de diez familias que viven ilegalmente en casas de esta población. Y en Ocaña, hace unos dos meses, una treintena de agentes especiales de la Guardia Civil desalojaron a unos 120 ocupas que residían en un inmueble junto a la cárcel de Ocaña II. Entre ellos, había delincuentes peligrosos y tenían atemorizados al resto de los vecinos de la localidad.