La plataforma ‘Libres para educar a nuestros hijos’ presentó su ampliación a toda Castilla-La Mancha (ya existía en Toledo desde 2017) e hizo público un manifiesto en el que informa sobre las razones que llevan a sus integrantes a estar preocupados por el contenido de la asignatura ‘Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad’ debido a que «va en contra de la libertad de enseñanza y otros derechos constitucionales». A partir de ahora van a emprender una serie de acciones para hacer visible su petición de «diálogo» con la Administración con el fin de llegar a un punto de entendimiento que respete los puntos de vista de todas las partes.

Este grupo de padres y profesores integrados en la plataforma defiende el derecho fundamental a la educación junto al de la libertad de enseñanza; el papel preponderante de la familia en la formación humana de los hijos, la transmisión de valores culturales, éticos y espirituales; el derecho a que sus hijos reciban educación religiosa y moral conforme a sus convicciones; el derecho de los padres a participar en la gestión educativa; y que el Estado sea un complemento que facilite la posibilidad de elegir entre diversos modelos educativos sin ponerse al servicio de las ideologías.

En cuanto a la asignatura ‘Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad’ promovida por el Gobierno de Castilla-La Mancha denuncian que impone una perspectiva que transmite la falsa idea de que el género es una elección arbitraria al margen de la realidad biológica, que exhorta a los profesores a entrometerse en la construcción de la personalidad y en la creación de la identidad emocional, afectiva, sexual… atentando contra el papel que debe jugar la familia, que adoctrina ideológicamente, que viola el derecho de los padres a formar a sus hijos de manera acorde a sus convicciones y que impone un modelo contrario a lo que piensa un sector muy significativo de la sociedad.

Por lo tanto piden a la Administración que modifique los contenidos en la medida que los poderes públicos no tienen potestad para imponer un modelo antropológico y ético haciéndolo pasar por universal cuando no lo es ni están legitimados para sustituir a las familias en la educación de la conciencia.