En la semana donde la Unión Europea rearmaba su política exterior y donde Josep Borrell alentaba a los eurodiputados a luchar contra la desinformación en el conflicto de Ucrania, la eurodiputada socialista Cristina Maestre (Daimiel, 1975), defendió en el Pleno del Parlamento Europeo el informe El papel de la política de cohesión en el fomento de una transformación innovadora e inteligente y de la conectividad regional en el ámbito de las TIC en el que puso a las claras la necesidad de impulsar las nuevas tecnologías en las zonas rurales y en las más despobladas. Maestre entiende Europa desde el convencimiento de un proyecto común en el que se ha construido tras las viejas guerras del siglo XX, de las divisiones internas y, ahora, frente a un enemigo que atenta los valores democráticos de una Europa unida. «Participar en este momento tan trascendental es un regalo y por el que trabajaré incansablemente».

¿Cómo de importante es que la Unión Europea apuesta por la digitalización en las zonas rurales?

Es vital. Hacerlo o no hacerlo es fundamental para no ahondar en las desigualdades. La ambición de esta era digital, o la brújula digital, está más justificada. En estos momentos existen guerras cibernéticas -como se está demostrando en el conflicto ucraniano-, las fake news están a la orden del día, campañas de contaminación de redes y capacidad cibernética para hacer en sectores fundamentales que ya están digitalizados. Tenemos que ahondar en la modernización y en la especialización de la Unión Europea en un mundo cada vez más competitivo. Y eso que no somos los más grandes, ni los más especializados, ni los más modernizados, ni los más competitivos. Los miles de millones de euros de los fondos Next Generation y del presupuesto europeo van a nutrir ese objetivo de la digitalización.

«Es una obligación ética dar apoyo militar a Ucrania»¿Lo digital es la solución a todos los problemas?

Evidentemente no. Será la carretera del presente. Si queremos desplazarnos, por ejemplo, en un medio de transporte, de una u otra forma, necesitamos carreteras. La forma de trabajar en todos los niveles, incluso en los más tradicionales, se recurre a la tecnología, como la tecnificación del sector agrario, donde ya existen proyectos en los que gracias a la digitalización se ahorra agua o hacen más eficientes los recursos. Las nuevas tecnologías están en todos los ámbitos de la vida. No es todo, pero está en todo. No podemos concebir ya la vida sin internet.

Sin embargo, el uso exclusivo o excesivo de la tecnología está produciendo una exclusión importante e injusta en ciertos sectores de la sociedad, como le ha ocurrido a la banca, y en determinados territorios. 

Este informe aborda específicamente eso. Porque no significa que haya solo cobertura o infraestructuras, sino que también es necesario capacitar a la sociedad. Y no lo está. No solo las personas mayores, también las de mediana edad y jóvenes que no tienen las habilidades suficientes. A su vez, hay que solicitar una especialización y mejora para que esa tecnología sea más intuitiva y sencilla para las personas que tienen menos capacidades. Hace unos años, cumplimentar los trámites on line nos resultaba muy complicado. Sin embargo, las plataformas o certificados hoy en día en la administración son más ágiles. El 37% de los profesionales en activo no tienen las habilidades suficientes en un ambiente digital.

Pero es fundamental insistir en enseñar esa tecnología...

Sí. En la banca hay una doble vertiente. Una, trabajar con las entidades financieras para frenar esa tendencia porque se han dado cuenta del error que han cometido gracias a la presión social y política. Y, por otro lado, en cuanto a infraestructuras, que han abandonado. Las infraestructuras son fundamentales. La cobertura de red, por ejemplo, es un derecho. Al igual que existen otros servicios que se deben prestar como el del agua, gas o carreteras, la digitalización, hoy en día, ofrece servicios básicos por encima o al mismo nivel que otros recursos tangibles. La extensión de la banda ancha de calidad debe ser un servicio básico como la electricidad, el agua o las carreteras. 

El envejecimiento es galopante en regiones como Castilla-La Mancha o Castilla y León. ¿La digitalización puede ser un arma para frenar esta tendencia?

Es una aliada. Existen experiencias, que hemos recogido en el informe, que demuestran que las tecnologías ayudan a las personas mayores a estimular su capacidad intelectual o les ayuda a moverse en un entorno que es distinto. También ir extendiendo las nuevas tecnologías a las políticas de bienestar social es darle un cambio a la forma de trabajar con personas que tienen muchas limitaciones físicas. Hay proyectos que se han puesto en marcha en zonas rurales para administrar recursos o el uso del transporte con herramientas digitales para prestar servicios específicos a los territorios, servicios sociales a la carta, etc. A las personas mayores les otorga más seguridad y autonomía, y es más eficiente para las administraciones públicas.

La pandemia ha impulsado el teletrabajo y ha provocado un movimiento 'migratorio' de profesionales de la urbe a las zonas rurales. Sin embargo, las empresas están exigiendo la presencialidad completa y de alguna manera se ha frenado esa ventana que supone el trabajo en remoto. 

Ha sido una oportunidad, pero también ha supuesto amenazas. La delgada línea del trabajo on line que facilita la conciliación o la alta productividad con el trabajo remoto se ha visto en colisión con los derechos y condiciones de los trabajadores. No solo del teletrabajo, sino también de ciertas plataformas on line donde se han precarizado sus condiciones. Defiendo una fórmula mixta en la que se está demostrando ser muy eficaz.

¿Debería crearse unos fondos tipo PAC para que se visualicen aún más las ayudas a la digitalización?

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los Next Generation dedican una buena parte de los fondos a la digitalización por la coyuntura pandémica. En los objetivos número 1 de la política de cohesión, fondos Feder, del artículo 21 al 27, se centra en una transición digital cohesionada y justa. No se trata solo de un objetivo o una voluntad, sino que está dotado presupuestariamente para llevarlo a cabo. La cuestión es garantizar que estos fondos disminuyan las brechas y las existentes se superen. Por ejemplo, el 17% de las personas que trabajan en el ámbito tecnológico es mujer, en el 41% de las zonas rurales no hay banda ancha, y en las despobladas el índice todavía es mayor.

No siempre las ayudas llegan ni tampoco son fáciles de acceder.

A la Comisión Europea le hemos insistido en que debe haber más asistencia técnica de estos fondos para que facilite la tramitación, por ejemplo, a las pymes, que no tienen los recursos para acceder. Es una reivindicación que también hemos plasmado en el informe. 

En cuanto al problema de la despoblación, ¿no es necesario cambiar la unidad territorial para que haya ayudas específicas a comarcas que tienen menor densidad de población, pero que se excluyen de los objetivos de la UE?

Desde el principio de la legislatura hemos peleado por este cambio y hemos conseguido que se incluya en el último Feder. Entendemos, que la realidad de la Europa despoblada es diversa y variada. En los tratados de la fundación de la UE solo se habla de la despoblación de los países nórdicos. Sin embargo, en los países del sur de Europa es más acuciante que en el norte, o parecida. Solicitamos que se tomen las políticas desde una medida territorial que denominamos NUT3, la equivalente a la provincia o comarcas, para ser más precisos a la hora de plantear políticas. Los dirigentes o las instituciones europeas no pueden imponer, de forma general a las comarcas, cuáles son las políticas que deben implementar para fijar población. Deben ser los agentes sociales y los líderes del territorio los que tomen esas decisiones porque conocen esa realidad concreta.

¿Le preocupa que plataformas de la España vaciada se implanten en territorios como el de Castilla-La Mancha?

Este tipo de plataformas no me preocupan. Es la señal de que hay una realidad en España que hay que trabajar. Si tienen propuestas, bienvenidas sean. En el caso de la región, estamos tranquilos y contentos por el reconocimiento de estas plataformas, como la de Soria Ya, que hace unas semanas pedía la misma ley de despoblación que la de Castilla-La Mancha. Esto nos hace sentirnos orgullosos. Es una ley pionera que aquí en Europa me han solicitado información por ser muy ambiciosa al recoger aspectos de la fiscalidad, políticas de acción positiva para atraer talento y estímulos para generar oportunidades. 

¿Entonces cree que no aparecerán partidos políticos territoriales en la región?

No tengo una bola mágica, pero creo sinceramente que la ciudadanía identifica al partido que lucha contra la despoblación es el PSOE y el Gobierno de Castilla-La Mancha. La región tiene un ecosistema muy particular, es muy extensa, pero a la vez muy cercana. En la política de precisión del presidente Page, se conoce hasta el último kilómetro cuadrado de la región. Las zonas despobladas están muy identificadas y muy bien trabajadas. Cuando los ciudadanos piden con todo derecho y razón políticas para frenar la despoblación saben dónde acudir. 

Este 20 de marzo, el campo sale a la calle de nuevo para reivindicar su situación límite. ¿Qué soluciones se pueden dar desde la UE?

Soy miembro también de la Comisión de Agricultura del Parlamento europeo y entiendo sus reivindicaciones y seguimos su problemática y todas las políticas del sector. El sector agrario sale de una DANA, después de una sequía, entretanto de una helada, luego de una pandemia y ahora entra en una guerra. Vive permanentemente en la tormenta perfecta, por eso la Política Agraria Comunitaria (PAC) es tan importante. Y está en las agendas de Europa de forma permanente. El sector agrario conoce muy bien Europa y el significado de la PAC, la necesidad de estar pendiente de la regulación y legislación europea. Es el sector que mejor sabe cómo funciona Europa. El cambio climático nos obliga a todos a asumir la transición energética y la transición verde. A todos. Entiendo que en algún momento hayan sentido preocupación por la velocidad de la transición verde que les afecta de forma concreta. A veces hay que levantar el acelerador en determinadas políticas estratégicas. Pero nadie como los agricultores entiende que es necesario combatir el cambio climático porque son los primeros que lo sufren en sus cosechas. Es necesario ayudar a los agricultores a hacer esta transición para no dejar a nadie en el camino.

Europa ha desechado, de momento, imponer en las botellas de vino etiquetas que informen de los riesgos de cáncer. ¿Tarde o temprano lo hará?

Se ha frenado. Es solo un informe de una comisión que trataba la enfermedad del cáncer. Un grupo de parlamentarios socialistas entendimos que esta enmienda no era acertada, porque defendimos que el vino es un producto alimenticio saludable en su consumo moderado. Así se incluye en la dieta Mediterránea y así se defiende sobre todo en una región o país vitivinícola como el nuestro. Es cierto que existen informes claros de todos los organismos oficiales y comunidades científicas sobre el daño que produce el abuso del alcohol. Es compatible defender el consumo moderado con la alerta de los riesgos del alcohol. Esta postura es de sentido común. Además, el vino tiene unos beneficios sociales, culturales y saludables por los componentes de la uva.  En conclusión, defender el consumo moderado del vino no está reñido con una vida saludable.

En estos pasillos de Estrasburgo se palpa la preocupación por el conflicto en Ucrania...

La situación es muy delicada y complicada. Tenemos enfrente a un dictador y un tirano con un plan desde hace mucho tiempo. Tenía muy clara su hoja de ruta. Es la guerra de Putin y es la que está queriendo hacer. La realidad ya evidencia una catástrofe humanitaria por los millones de ucranianos sometidos a una guerra injusta e ilegal. También estábamos preocupados por la respuesta que tenía que dar Europa. Es un ataque a la soberanía y a la democracia. 

¿Cómo tiene que responder la Unión Europea?

La respuesta inicial ha sido muy buena. En primer lugar no está mirando a otro lado en un ataque a los valores que defendemos en un país candidato a integrarse al proyecto europeo. Y, en segundo lugar, que va a ejercer, como decía, Josep Borrell, alto representante en el exterior de la Unión Europea, el poder. Va a hacer todo lo que esté en nuestra mano para frenar esta guerra injusta. Las medidas de sanción están funcionando y sometiendo a una presión, esperemos, para aislarlo totalmente. No va a ser fácil y el camino va a ser duro e incierto. No podemos calibrar las consecuencias en tiempo y duración del conflicto. Estamos consiguiendo aislar al tirano y también tocarle en lo que más defiende su régimen autárquico. Lo preocupante es la sociedad rusa, la víctima de este tirano. 

¿Es necesario ayudar a Ucrania militarmente pese a las reticencias de los socios del Gobierno de España?

Es una obligación ética y moral. Una población importante de personas de Europa es atacada de forma injusta con un ejército profesional y no podemos dejar a esos ucranianos defenderse con piedras. Ucrania necesita la ayuda de la UE y del resto del mundo. ¿Quién defiende la guerra o las armas? El Ejército está para garantizar la cooperación internacional y defender la paz, pero no seamos ingenuos, es una guerra injusta y desproporcionada. Este debate no debería existir y la sociedad europea y española entiende y comparte la respuesta que se está dando.