La Inspección de Trabajo ha constatado el fraude y levantado acta de infracción a las empresas Eulen e ICSA por una presunta cesión ilegal de trabajadores. Según ha informado el sindicato CCOO, que fue el que hizo la denuncia, se trata de 23 empleados que están contratados por la empresa multiservicios, pero que llevan trabajando en ICSA más de diez años, aunque se dan casos de veinte. «La mayoría de ellos, están en la parte de almacén y control de calidad, y nosotros abogamos, como entendió la Inspección, por que son trabajadores de ICSA a tiempo completo, trabajan en el centro de ICSA, con las herramientas que les proporciona, con sus ordenadores, con sus piezas, sus clientes, sus proveedores, lo único que ponía la contrata Eulen era la ropa corporativa», destaca Federico Pérez, secretario general de CCOO-Toledo. A su juicio, está claro que Eulen tan solo hace la cesión ilegal de trabajadores, «no ejerce la labor de empresa, porque no tiene los medios materiales porque no tiene los medios para la labor».
Además, la inspección de trabajo ha detectado diferencias salariales con respecto a los trabajadores de plantilla de ICSA que desarrollan el mismo trabajo de entre 13.000 al 16.000 euros anuales, según el convenio propio de empresa. Estos 23 de trabajadores contratados por Eulen han denunciado ante los juzgado su cesión ilegal a la multinacional.
ICSA es la única multinacional con sede en Toledo de las seis de la provincia en las que, a denuncias de CCOO, la Inspección ha constando un fraude y ha levantado actas de infracción por «tener subcontratadas con empresas multiservicios parte de las tareas productivas, utilizando trabajadores que cobraban la mitad que sus compañeros de la empresa principal».
Más que dinero. El sindicato trató de sentarse a negociar con ICSA y Eulen para lograr un acuerdo, explica Pérez. De forma que «cuando salió el acta de inspección que nos daba la razón y reflejaba estas cantidades tan escandalosas, los trabajadores han tenido que interponer demandas individuales al Juzgado de lo Social». Ya se ha desarrollado la mediación previa en el Servicio de Mediación, donde ambas empresas se negaron a negociar, por lo que «en el Juzgado nos veremos». Previsiblemente, apunta el líder sindical, el juez agrupe las demandas, y el juicio podría desarrollarse antes del verano.
Porque la demanda del sindicato y los trabajadores no es tanto en lo económico, que también (son de diez a veinte a años con una diferencia salarial de 13.000 a 16.000 euros), pero más importante que eso, apunta Pérez, es que ICSA les reconozca como sus trabajadores, con la antigüedad que deberían tener y les aplique su convenio colectivo, con lo que se cambian mucho las condiciones laborales. En su momento, el sindicato ofreció un acuerdo sobre las diferencias salariales, algo que rechazó la multinacional.
Grupo recurrente. Para más inri, apunta Pérez, hay que recordar que ICSA pertenece al grupo Aernnova, que ya ha tenido el mismo problema en Toledo con su otra filial, AYA. Se trata de una situación calcada y los trabajadores de ICSA toman su ejemplo. En su día, seis trabajadores denunciaron la cesión ilegal de trabajadores, la Inspección les dio la razón, y se llegó a un acuerdo con la empresa antes de llegar a sala. «De forma que es una situación recurrente, que ya ha pasado antes, la propia empresa ha reconocido en otra filial del grupo, y que ha vuelto a sancionar la Inspección», explica Pérez. Aunque ahora el problema es más gravoso por la cantidad de trabajadores, años y dinero.