El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha declarado secreta la investigación sobre la infección con la herramienta Pegasus de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, para evitar "interferencias" que puedan obstaculizarla.

Con el objetivo de "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación", el titular del juzgado central de instrucción número 4 ha acordado el secreto de las actuaciones por un periodo de un mes a petición de la Fiscalía.

Solo así, dice Calama, "se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias" pueda dar lugar a "interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos".

Al mismo tiempo, el juez ha ofrecido tanto al presidente del Gobierno como a la ministra de Defensa la posibilidad de que se personen en el procedimiento en calidad de perjudicados.

Para acordar el secreto, el juez ha tenido en cuenta "la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado, o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento".

No obstante, el magistrado precisa que el resultado de la investigación podrá conocerse posteriormente y que de esta manera se evita "cualquier merma del derecho de defensa".

Calama ha decretado el secreto de la causa en respuesta a la Fiscalía, que ya le ha hecho llegar su informe en el que solicita que practique una serie de diligencias de investigación para esclarecer el espionaje sufrido por Pedro Sánchez y Margarita Robles.

Por el momento, según dos informes del Centro Criptológico Nacional, se sabe que, en el caso del presidente, la infección del móvil tuvo lugar el 19 y el 31 de mayo de 2021; y en el mes de junio en el caso de Robles, y que actualmente ninguno de los móviles analizados "presenta indicadores de infección en curso de Pegasus".

El juez abrió una investigación esta misma semana a raíz de una denuncia presentada por la Abogacía del Estado al considerar que los hechos afectan a altos organismos de la nación, como son el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa.

La Abogacía del Estado denunció que en las dos intrusiones en el móvil de Sánchez se extrajeron 2,6 gigas y 130 megas de datos, en tanto que fueron 9 megas de información en el caso de Robles, según fuentes gubernamentales, pero el contenido exacto de estos datos se desconoce en estos momentos.