La sede de la Consejería de Fomento se convirtió esta mañana en el escenario de la protesta de los integrantes de los cinco comités de empresa en la región de las brigadas de mantenimiento de carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los representantes sindicales de las cuatro organizaciones -CCOO, UGT, CSIF y STAS, y parte de la plantilla. Es la cuarta vez que se concentran contra la futura privatización del servicio y exigen que se anulen las dos licitaciones en marcha para contratar el servicio de mantenimiento de carreteras durante tres años , con dos más de posible prórroga,   que costará unos 16 millones de euros. 

«No hay ningún avance», lamentó Juan Ángel García, representante de CCOO, a pesar de que el calendario ya ha tachado tres concentraciones  y el conflicto se está debatiendo en la mesa técnica. En principio, los sindicatos no están dispuestos a abandonar sus reivindicaciones e incluso estudian ya la manera de poner en marcha más medidas de presión e insisten en pedir «la comparecencia» del consejero de Fomento, Nacho Hernando, para que explique los planes de la consejería y atienda las reivindicaciones de los afectados.

Al respecto, no se conforman, según comentó el representante sindical de UGT, Luis Miguel García, con el hecho de que el consejero de Fomento apareciera públicamente hace mes y medio y contara «las virtudes de la Consejería y que se había aumentado el número de plazas».

En este caso, todos ellos consideran imprescindible que el consejero acepte una reunión y tratar  este conflicto a otro nivel y no entienden «por qué no aparece» cuando los planes de la consejería afectarán a 430 trabajadores. Los afectados no se conforman con la mesa técnica formada por la Dirección General de Carreteras y la Secretaría General, que mantuvieron ayer tras la protesta, porque están convencidos «de que siempre se cuenta lo mismo».

Tanto los trabajadores como los sindicatos no entienden la postura de Fomento para privatizar un servicio que asume directamente la administración. Por este motivo, los sesenta representantes sindicales dejaron claro «que Fomento no se vende, Fomento se defiende» y sostuvieron que la privatización «se hace a traición» porque existía el compromiso por parte de la administración de «que no habría más privatizaciones» y así les llegó a los sindicatos en mayo. 

En este caso, los representantes sindicales se sienten especialmente dolidos porque no comprenden que la administración les felicitase «por el trabajo se había hecho durante Filomena» mientras seguían adelante con la intención de privatizar el servicio. «Nos estuvieron dorando la píldora y pasando la mano por el lomo a la vez que se estaban preparando las licitaciones», explicó Francisco Agarrabeitia, del sindicato STAS.

Reivindicaciones. La futura privatización de la actividad no es el único motivo de la protesta. La plantilla, los comités de empresa y los sindicatos denuncian la pérdida de masa salarial en los últimos años y la pasividad de la administración a la hora de revertir «las privatizaciones que comenzó Cospedal y que este Gobierno regional se comprometió a anular».

Además, los afectados proponen que esos 16 millones de euros previstos en las licitaciones se destinen a la mejora de condiciones de la plantilla y a cubrir vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ya que las brigadas de mantenimiento de carretera deberían contar con 539 trabajadores y actualmente mantienen una plantilla de 430.

El representante de CSIF, Víctor García, recordó la necesidad de que Fomento invierta para renovar el parque de vehículos y de maquinaria por la antigüedad de buena parte de la flota y se comprometa a plantear un plan futuro para que este servicio mantenga su carácter público.