La Policía Nacional ha arrestado a 14 personas y ha dado por desarticulado un grupo criminal que estafó medio millón de euros a 36 pensionistas de Madrid, a quienes sustraían sus datos de identidad cuando acudían a un estanco de Carabanchel a renovar el abono transporte. Los primeros indicios de la presencia de esta banda se detectaron en la ciudad de Toledo, cuya Comisaría Provincial inició la investigación.
La denominada ‘Operación Pensiones’, que se ha prolongado durante un año, se ha saldado con el arresto de 14 integrantes de la banda, además hay cuatro personas investigadas, y se han recuperado cinco vehículos que fueron adquiridos de forma fraudulenta.
El grupo criminal sustraía los datos de identidad de las personas mayores de 65 años que acudían a tramitar el abono transporte a un estanco del distrito de Carabanchel y los empleaba supuestamente los datos sustraídos para pedir créditos y comprar vehículos teléfonos móviles y equipos informáticos a su nombre.
Los 18 investigados en este operativo, que se ha desarrollado en dos fases, están acusados de la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
En total, este grupo ha cometido estafas por un perjuicio total de 496.898,50 euros, y gracias a la investigación realizada desde la Comisaría Provincial de Toledo, se ha evitado que consumasen varias operaciones que les habrían proporcionado un beneficio ilícito de 72.515 euros más.
Los primeros indicios de la presencia de esta banda se detectaron en la ciudad de Toledo, cuando dos de sus miembros acudieron al Instituto Nacional de la Seguridad Social y, utilizando documentación falsificada, trataron de que obtener unos certificados que acreditasen que varias personas ajenas a ellos percibían una pensión.
El rastro de la documentación permitió relacionar estos hechos con un estanco del distrito madrileño de Carabanchel --lugar de residencia de las víctimas-- donde todas ellas habían acudido semanas o días antes para realizar los trámites de solicitud del abono transporte de la Comunidad de Madrid, pese a que dicha actividad no está permitida a este tipo de establecimientos desde el año 2018. La banda aprovechaba la confianza de los clientes y el propietario del establecimiento seleccionaba a las futuras víctimas, todas ellas mayores de 65 años, y fotocopiaba su documentación.