La reciente sentencia del Tribunal Constitucional anulando las plusvalías municipales ha caído como un mazazo en los ayuntamientos porque este impuesto supone una importante fuente de ingresos. El equipo de Gobierno municipal ha decidido suspender su cobro y dejar de emitir recibos «por prudencia», pero solicita al Gobierno Central una solución «para el desequilibrio económico» que supone su eliminación y para los 200 recursos pendientes de resolver, a los que habrá que sumar los de los ciudadanos que se animen a reclamar y no tengan sentencia firme en relación a este impuesto.

La portavoz del Ayuntamiento, Noelia de la Cruz, insiste en que el pronunciamiento del Constitucional debe acompañarse «de una respuesta coordinada a nivel estatal». De momento, no se han recibido noticias ni se intuye en qué dirección irá el Ejecutivo de Sánchez, y el equipo de Tolón «está expectante y preocupado», aunque al mismo tiempo confía en que el ministerio correspondiente escuchará a los ayuntamientos, muchos de ellos con problemas de financiación, y ofrecerá alguna alternativa para amortiguar esa pérdida de ingresos que se avecina.

«Necesitamos una respuesta urgente», subraya De la Cruz, y avanza que los presupuestos del próximo año, que se plantean, proponen y se calculan en las próximas semanas, tendrán que tener en cuenta que el Ayuntamiento perderá 5,2 millones de euros en plusvalías, el montante que también se estimaba para este año, una caída de ingresos «que afectará directamente a la prestación de servicios municipales».

A pesar de que en estos momentos una recaudación de poco más de cinco millones de euros se antoja llamativa, este impuesto ha tenido años mejores y el Ayuntamiento de Toledo llegó a obtener 9,2 millones de euros en 2017, uno de los ejercicios más destacados. Si bien, en el año 2020, el último con constancia documental, ya que 2021 aún no ha terminado y complica extraer un cálculo exacto, las arcas municipales ingresaron 4,9 millones de euros en plusvalías a pesar de que las previsiones partían de 6,4 millones, y tuvo que devolver 1,5 millones durante ese mismo ejercicio.

La portavoz resalta la rapidez de actuación del equipo de Gobierno tras conocer la sentencia al suspender su cobro. Si bien, aún es pronto para valorar la sentencia del Constitucional porque se emitió el martes y exige que los técnicos municipales la estudien a fondo, incluida «la letra pequeña». Además, recuerda que el alto tribunal  ha declarado nulos una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales del año 2004 que puso en marcha el Partido Popular y no corrigió a pesar de sus años de gobierno.

Este impuesto lleva varios años envuelto en polémica y con un amplio recorrido en la vía judicial. En este caso, el Tribunal Constitucional ya declaró ilegal en 2017 el cobro de plusvalías  para las liquidaciones en las que no figuraba un incremento en el valor de la transmisión, un fallo que ya obligó al Ayuntamiento a tomar el mismo camino para estos supuestos y para los casos en los que se había recurrido el cobro y aún no contaban con resolución.