Castilla-La Mancha lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a concitar el consenso en favor de la construcción de un modelo de sociedad más justo e igualitario, ensanchando la base de los derechos y las libertades de sus ciudadanos. Ayer el pleno de las Cortes aprobó por unanimidad –algo tremendamente excepcional en otros parlamentos pero que empieza a ser un habitual síntoma de calidad democrática en Castilla-La Mancha–, un nuevo proyecto de ley que avanza en la protección de derechos sociales, que incide en la igualdad de las personas y que ahonda en la garantía de sus libertades.
Los tres partidos políticos con representación en la Cámara autonómica, PSOE, PP y Ciudadanos, dijeron sí al Proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha. Una norma que se ha mirado en la Constitución Española para recoger la esencia de los artículos 10 y 14, para incidir en el respeto a la dignidad de las personas, la igualdad, sin discriminación, y que rema a favor de los derechos de los ciudadanos. Una ley con 65 artículos que recogen reivindicaciones históricas del colectivo, con perspectiva de género y de una manera transversal e integral.
Ya lo advirtió la consejera de Igualdad y portavoz el pasado mes de diciembre cuando se aprobó el anteproyecto del texto, y lo volvió a reiterar ayer desde la tribuna: la ley «no va contra nadie, sino a favor de las personas». En todo caso, como dijo en su momento Blanca Fernández, va contra la injusticia, la discriminación y contra el acoso a este colectivo.
La ley ataca las pseudoterapias de conversión, contempla la creación de un servicio de atención integral jurídico, psicológico, social y laboral, y hasta un sistema de acogimiento temporal si hubieran sufrido rechazo familiar. También recoge que la Junta se personará como acusación popular en los casos de asesinato por LGTBIfobia. Fernández recordó ayer que a día de hoy 7 de cada 10 personas LGTBI sufren ciberacoso por el mero hecho de su condición.
Es por eso que lo de ayer fue un acontecimiento. Motivo de alegría que se vivió con emoción dentro del parlamento. La tribuna de invitados estuvo ocupada por colectivos, personal del Instituto de la Mujer con su directora a la cabeza, y trabajadores de la Consejería de Igualdad. Alguna bandera con los colores LGTBI se agitó con orgullo en los pasillos y en los compases finales del debate que ponían de manifiesto la magnitud de una ley «que no resta nada, solo suma», como pronunció la diputada encargada de defenderla, Charo García.
También se puso de manifiesto el rigor de los grupos parlamentarios que dieron buena muestra no solo de la calidad democrática que ostenta la Cámara en este tipo de cuestiones, sino de su madurez parlamentaria, conscientes de que los derechos y las libertades de las personas están por encima de los colores y partidos políticos. Con esta ley Castilla-La Mancha es mejor de lo que lo era ayer, y sin duda mucho mejor de lo que lo era hace 40 años, cuando esta región se constituyó en autonomía.