La consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, ha defendido en su juicio por presunta desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obedeció el "mandato democrático" del Parlament sobre el 1-O frente a los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC).
"Me reafirmo en que el 1-O no fue un delito, votar no fue un delito. Me reafirmo en que el proyecto independentista, republicano, es un proyecto legítimo", ha dicho Serret durante su declaración, en la que solo ha contestado a una pregunta de su abogado, Iñigo Iruin.
Serret, consellera de Agricultura en el Govern que lideraba el expresidente Carles Puidemont, ha asegurado que como Ejecutivo debían "cumplir con los mandatos parlamentarios" de la mayoría independentista del Parlament.
Según ella, la "amplia mayoría parlamentaria" en favor de la independencia en 2017 les condujo a realizar un juicio ponderativo, en sus palabras, entre el mandato de organizar el 1-O y los requerimientos del TC para que no se celebrara.
En ese sentido, ha señalado que en "ningún caso se impugnaron" los programas electorales independentistas que defendían la independencia y el compromiso de celebrar un referéndum.
La consellera se enfrenta a un año de inhabilitación, y la Fiscalía también pide para ella una multa de 12.000 euros por su participación en los preparativos del 1-O.
"Me reafirmo en que las decisiones que tomé como miembro del Govern", ha añadido Serret, que ha sostenido que su deber como consellera en 2017 y ahora es dar respuesta y obedecer a los mandatos de las mayorías parlamentarias.
También ha asegurado que en 2017 tuvieron en cuenta "voces internacionales" de instituciones como Naciones Unidas que avalaban el ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Un conflicto "de raíces democráticas"
Serret ha defendido que en Cataluña existe un conflicto político "de raíces democráticas que vivió una escalada" con la sentencia del Estatut en 2010.
"Una sentencia que bajo mi punto de vista menospreció la legitimidad del legislativo catalán y español también", además de la vía política y la democrática, ha dicho.
La consellera se ha mostrado convencida de que este conflicto "solo puede resolverse a través de la política y la democracia", y ha lamentado la judicialización que, a su entender, se ha producido en Cataluña al llevar el proceso independentista ante los tribunales.
Eso -ha mantenido- ha ido en contra de su resolución porque "se ha querido criminalizar un proyecto legítimo" y anular la vía política.
También ha defendido su derecho a defender "política y pacíficamente" la independencia de Cataluña y ganarla en las urnas, algo que ha dicho que es una petición transversal en la sociedad catalana y a lo que quiso dar respuesta el 1-O.
"Las convicciones que tenía entonces las mantengo hoy", ha asegurado.
Serret afronta este miércoles el juicio por presunta desobediencia después de personarse ante el Tribunal Supremo (TS) en marzo de 2022 al volver de Bélgica, adonde se marchó tras el 1-O junto a Puigdemont y otros exconsellers.