José Manuel y su hijo se sentaron ayer frente al tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial, que enjuicia los delitos que llevan aparejadas penas de mayor gravedad. Detrás de ellos, otros cinco acusados en otro banquillo. Padre e hijo encaran la acusación de un delito de receptación castigado con una pena de 16 meses, según la petición de la Fiscalía Provincial. Ambos negaron conocer el origen ilícito de la motocicleta que el progenitor compró mediante la aplicación 'Wallapop' para dar «una sorpresilla» al vástago.

La verdadera sorpresa llegó días después. El hijo, aficionado al motocross, acudió al circuito de Sonseca con el vehículo, y un aficionado sospechó. Se acercó y se cercioró de que el número de bastidor había sido manipulado y el de serie, borrado. Pero estaba seguro de que se trataba de una de las ocho motos sustraídas en su tienda de Ocaña, tal y como relató su pareja, testigo en el juicio. Entonces, intervino la Guardia Civil.

Al inicio de la pandemia, el 18 de marzo de 2020, el negocio quedó desbaratado con el robo de las motos merced a un butrón desde la nave colindante. Además, el botín incluyó recambios mecánicos y productos relacionados con el motociclismo.

La Fiscalía provincial atribuye al padre y al hijo que adquirieron a través de 'wallapop' (una aplicación gratuita especializada compraventa de productos de segunda mano) una de esas motos, a sabiendas del origen ilícito por la cantidad de 4.500 euros. El intercambio con el vendedor se produjo en el mes de mayo en la urbanización 'Calypo-Fado', perteneciente al término municipal de Casarrubios del Monte. El delito de receptación se refiere a la adquisición de un efecto robado.

El padre explicó ayer durante la primera sesión del juicio que pagó en mano los 4.500 euros de la moto y aseguró que no comprobó las identificaciones del vehículo, que funcionaba perfectamente. Sí firmaron un contrato de compraventa (los datos del vendedor pertenecen a una persona ajena), aunque aseguró que no podría identificar físicamente al autor.

Por su parte, el hijo, muy aficionado a las motos y con el cuerpo castigado por lesiones asociadas, declaró que fue al circuito de Sonseca días después del regalo de su padre y aseguró desconocer que se trataba de un vehículo robado. «No me pareció raro. Es acorde», señaló por el precio de 4.500 euros.

El precio estipulado por ese vehículo nuevo ronda los 6.000 euros, según se mencionó en las preguntas de la Defensa a los acusados. Pero la propietaria de la tienda apuntó que se trataba de la cuantía en rebajas; así, indicó que el precio real alcanza los 8.000 euros, casi la mitad del dinero abonado en la transacción en Casarrubios del Monte.

«Mis clientes no tenían que estar ahí. Han sido víctimas», aseguraba a los medios la abogada de ambos, Ana Ramírez, al término de la primera sesión del juicio.

nulidad y suspensión. El juicio comenzó atropellado. Parte de las defensas de los otros cinco acusados en el juicio, en este caso por diferentes delitos, incluidos robos, pidieron la nulidad de determinadas pruebas, como las intervenciones telefónicas policiales, en el caso del letrado de J. E. L. S. Por su parte, el abogado de otro acusado, que mencionó que el encartado tiene una discapacidad intelectual reconocida del 45 por ciento, pidió la suspensión del juicio porque ha dispuesto solo de diez días hábiles para preparar la estrategia de un procesado tardío.

La segunda sesión se celebrará hoy a las 10 horas con, entre otras, testificales de policías nacionales, guardias civiles y policías locales.

Los cinco acusados por los robos niegan los hechos

Uno de ellos tuvo que justificar ayer en el interrogatorio la presencia de unos guantes de látex con sus huellas durante la investigación policial

Los cinco acusados principales del juicio negaron ayer en sus respectivos interrogatorios la autoría de los delitos atribuidos por la Fiscalía Provincial y cometidos en los primeros días del estado de alarma.

Los testigos que acudían como víctimas de los delitos no identificaron a ninguno. Un camionero que sufrió un robo en un área de servicio de Tembleque apuntó que el hombre que lo amenazó con un cuchillo era una persona de raza negra. Ninguno de los cinco acusados lo es.

La Fiscalía pide entre 11 y 17 años de cárcel  a J. E. L. S., a J. O. V., a A. J. M. L. y a H. E. J. por la supuesta implicación en el robo de vehículos en Toledo y Madrid. Y una pena inferior al quinto por diferentes delitos.

La aparición de un guante de látex con huellas en la investigación policial comprometía a uno de los acusados, quien aseguró que usaba estos elementos de protección en el taller de su hermano para hacer reparaciones a los clientes. Así, barajaba que se hubieran quedado dentro de un vehículo.

Los hechos fueron cometidos en diferentes poblaciones de la provincia: Tembleque, Ocaña y  Talavera.