La sección primera de la Audiencia Provincial juzgará mediante jurado popular y desde el próximo día 20 el crimen de Alberto C., un joven de 27 años quien murió apuñalado en la localidad de El Carpio de Tajo durante una reyerta ocurrida el 22 de mayo de 2017. Según el escrito de la Fiscalía Provincial, la acusación por el asesinato recae en A. M. M., a quien pide una pena de 18 años de prisión por un delito de asesinato. Además, el ministerio público apunta también a E. J. J. por un delito de lesiones con instrumento peligroso y solicita cinco años de prisión.
Según el escrito de la Fiscalía Provincial, a las 21,30 horas del 22 de mayo de 2017 (por error figura en el documento como fecha el 25 de mayo de 2017), el acusado A. M. M. se encontraba en una calle de El Carpio de Tajo y empezó a discutir con la víctima y el padre de este último.
El otro acusado E. J.J., hermano de la pareja de A.M. M., llegó después de iniciada la pelea e intervino para apoyar a su allegado. Así, agredió con un objeto contundente similar a un garrote al padre de la víctima mortal. A su vez, A. M. M. clavó a Alberto C. un objeto punzo-contundente en la zona abdominal izquierda «con la evidente intención de acabar con su vida de forma sorpresiva e inopinada, sin que éste tuviera capacidad de reacción alguna». La herida atravesó la víscera cardiaca, y el joven de 27 años murió apenas dos horas después de la reyerta, como consecuencia de un taponamiento cardiaco y un shock irreversible. Al respecto, falleció en el centro de salud de La Puebla de Montalbán.
La Fiscalía Provincial acusa a A. M. M. de un delito de asesinato. Por ello, considera que procede imponer una pena de 18 años de prisión, así como cinco a E. J. J. por un delito de lesiones con instrumento peligroso y la prohibición de aproximación al padre de la víctima mortal a una distancia inferior a 500 metros por un periodo de siete años.
El fallecido Alberto C. tenía una pareja sentimental y dos hijos de 11 y 7 años de edad. Por su muerte en El Carpio de Tajo, el acusado permanece en prisión desde el 25 de mayo de ese mismo año tras un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad de Toledo.
La Fiscalía Provincial pide al acusado principal que abone 100.000 euros a la pareja sentimental de la víctima, y también 50.000 euros a cada uno de los dos hijos. Además, solicita una indemnización a los padres de 10.000 euros a cada uno. Para E. J. J., sugiere un castigo de 2.500 euros a favor del padre de Alberto C.
un testigo protegido. Un testigo protegido figura en el elenco de testificales del juicio que se seguirá en la sección primera de la Audiencia Provincial, cuyo señalamiento se extiende hasta el día 23 en la sección primera. Asimismo, están llamados agentes de la Guardia Civil, el director de los servicios de emergencias y de Protección Civil de la Dirección General de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, además de diferentes expertos periciales.
El escrito de la Fiscalía Provincial solicita también el sobreseimiento de las actuaciones contra el padre de la víctima por las lesiones causadas a E. J. J. porque no es posible atribuir a su acción estos daños físicos, teniendo en cuenta que la supuesta víctima manifestó ante el médico forense que desconocía cómo se había causado las lesiones en la zona auricular.
La víctima mortal, cuya familia es originaria de la cercana localidad de Torrijos pero llevaban muchos años viviendo en El Carpio de Tajo, se dedicaba a trabajos esporádicos como pintar casas y hacer arreglos.
Por estos hechos, el Ayuntamiento de El Carpio de Tajo pidió a la Subdelegación del Gobierno en la provincia que hubiera de nuevo agentes de la Guardia Civil en este municipio de unos 2.000 habitantes de la comarca de Torrijos. El crimen de Alberto C. se sumaba a una lista de actos delictivos que tenían atemorizados a los vecinos en el año 2017.