N o son invisibles, aunque a veces lo parece y por eso las entidades sociales quisieron ponerles voz ayer al celebrar el Día Internacional y Europeo de la Discapacidad con llamadas de «rescate de emergencia» para uno de los grupos más afectados por la COVID-19 en el ámbito del empleo, de la salud, la educación y de otros derechos de accesibilidad que se arrastraban ya antes de la pandemia.
Las medidas para frenar el coronavirus han levantado más barreras, como la obligatoriedad de usar mascarilla a las personas con sordera o hipoacusia, y mantiene aislados a quienes precisan medidas para el acceso a la información en el entorno educativo, sanitario y en otros aspectos de su vida cotidiana. Por eso, el movimiento social de la discapacidad reclama la autorización de las mascarillas transparentes, pero también el derecho a tener información comprensible y apoyos a la audición y a la comunicación en ámbitos como la educación y los teléfonos de emergencias.
Durante el confinamiento, las personas con discapacidad intelectual, TEA y problemas de conducta tuvieron que reivindicar su derecho a salir a la calle para realizar paseos terapéuticos y, pese a ser autorizados, muchos soportaron insultos y recriminaciones.
Con la llegada de la pandemia, el abandono a este colectivo fue patente. Los centros sociosanitarios se cerraron y también se interrumpió la atención domiciliaria, que se va recuperando ahora poco a poco. Pero los médicos rehabilitadores advierten: la atención a las secuelas de las enfermedades crónicas, junto a las de la COVID-19, van a provocar «serios problemas para atender las abultadas listas de espera y pueden poner el límite al sistema sanitario».
Fragilidad extrema
Ante esta situación, el manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamaba ayer un «rescate de emergencia» para uno de los grupos «más castigados» por la pandemia, que les ha situado en «posición de fragilidad extrema».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recogió el guante enviando el compromiso de trabajar para que «la plena inclusión sea realidad» y para que la discapacidad se sitúe «en el centro de la acción política». Además, prometió que el primer Consejo de Ministros tras el final del estado de alarma llevará la reforma de la Constitución para sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y reconocer el derecho a «la igualdad real y efectiva» de cerca de cuatro millones de personas en esta situación en España.