El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado, a raíz de un artículo publicado en La Tribuna en el que vecinos y policías denunciaban la situación de okupación y drogas que se vive en los llamados 'Pisos Negros' del Polígono, que ha emprendido acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de ocupación ilegal en el grupo de las 148 viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo, que han tenido como resultado 20 sentencias condenatorias.

En este sentido, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que la política del Gobierno regional es de doble sentido en relación al parque público de vivienda, «por una parte, es esencial disponer de un parque residencial en buen estado para garantizar la calidad de vida de todas las personas y familias adjudicatarias del parque público de vivienda. Y por otro, la tolerancia cero con la ocupación ilegal para ofrecer seguridad jurídica a los legítimos inquilinos de nuestras viviendas de protección pública, y en defensa de los recursos habitacionales públicos que deben estar a disposición de familias de nuestra región con dificultades, y no para el aprovechamiento ilícito».

Asimismo, Hernando ha remarcado que «estamos manteniendo reuniones periódicas con los vecinos de la promoción y por otro lado con la Subdelegación de Gobierno para potenciar la coordinación interadministrativa en todo lo que se refiere a la seguridad en estas viviendas».

Además, el Ejecutivo castellanomanchego afirma que ha llevado a cabo 60 actuaciones de mejora en este grupo de viviendas. En total, el Ejecutivo de García-Page ha invertido 370.000 euros entre los años 2020 y 2021 en diversas actuaciones de reparación y mejora de estas viviendas situadas en la calle Río Yedra de la capital regional.

Zona muy conflictiva. Los conocidos como 'Pisos Negros' del Polígono, por el particular color de dos de las fachadas de los diez bloques que conforman la urbanización de Río Yedra número 8, llevan desde hace dos años sufriendo graves problemas de convivencia entre los adjudicatarios legales de las viviendas concedidas por la Junta y okupas que comenzaron a entrar ilegalmente en los pisos que en su momento vacíos.

A pesar de los procesos judiciales emprendidos por la Junta, es común que las viviendas se vuelvan a okupar por otras personas, propiciando que se reinicie el proceso de expulsión.

Peleas, insultos y tráfico de drogas forman parte del día a día en esta comunidad, que cuenta con gente durmiendo de okupas hasta en los trasteros.