Un guardia civil se expone a ser condenado a nueve años y medio de prisión, además de perder su puesto por la consiguiente inhabilitación para empleo público, por haber aceptado presuntamente 300 euros a cambio de renovar de una manera irregular dos licencias de armas de caza a una persona. Así se demanda en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía de cara al juicio que sobre este asunto celebrará la próxima semana un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Toledo.

Según relata el Ministerio Público, en un primer momento la persona que precisaba estas licencias -también acusado en este juicio- contactó con el agente, destinado en el Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de Toledo, con la finalidad de renovar las licencias de armas tipo D (armas largas rayadas para caza mayor) y E (escopetas de caza y armas de tiro deportivo).

En abril de 2010, el agente extendió de forma irregular a favor del interlocutor una autorización temporal para uso de armas en un soporte documental que se dejó de expedir de forma definitiva dos años antes.

En julio de ese mismo año, volvió a extender una autorización temporal, esta vez con un sello estampado que no era el que correspondía a la licencia en cuestión.

Por estas dos autorizaciones, según el relato de la Fiscalía, el receptor de las licencias pagó al agente 300 euros, cuando en realidad las tasas de renovación apenas hubieran superado la cifra de 20 euros.

Por todo esto, el beneficiario de las licencias, identificado con las iniciales V.P.D, se expone a una petición de condena por parte de la Fiscalía a la pena de un año y medio de prisión por cohecho propio -soborno- activo, por debajo del límite de dos años en que se puede pedir la suspensión de la entrada en la cárcel si se carece de antecedentes penales. Además, queda inhabilitado para ser electo a un cargo público durante el tiempo de la condena y se le reclama el pago de una multa de unos 299 euros, sustituible por un mes de privación de libertad.

Pero la peor parte se la lleva el guardia civil, identificado con las iniciales J.A.O.R. Por un lado, se le achaca el delito de cohecho propio -soborno- pasivo, y la Fiscalía exige que sea condenado a cuatro años de prisión, con la consiguiente inhabilitación del derecho a ser electo para un cargo público durante este tiempo, una multa de 600 euros substituible por dos meses de privación de libertad, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de nueve años y seis meses. Por otro, se le acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por lo que se exige una condena a cinco años y seis meses de prisión, con una multa de unos 7.200 euros y otra inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años y ocho meses.

La inhabilitación acarrea la expulsión.

El artículo 88 de la Ley de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil fija entre los motivos para la pérdida de la condición de miembro del Instituto Armado, una «pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación absoluta o de inhabilitación especial para empleo o cargo público».

Además, sobre el agente procesado pesa un expediente interno del Cuerpo por falta muy grave, que puede llevar a su separación de servicio. La Fiscalía solicita en su escrito que la futura sentencia sea notificada al Instituto Armado teniendo en cuenta esta circunstancia.