Los cambios educativos del Gobierno llegan ahora a la enseñanza superior. El ministro de Universidades, Joan Subirats, anunció ayer que su departamento prevé llevar el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) al Consejo de Ministros «en las próximas semanas», ya que la idea es que sea aprobada definitivamente en esta legislatura.

Según recalcó, se trata de «una ley que quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad, que quiere internacionalizar el sistema», pero también se trata de una norma con un «enfoque firme de derechos» que, además, «revaloriza la función docente», «reduce la precariedad» del personal docente e investigador (PDI) y dota a las universidades de más financiación.

«Es una ley que es urgente, necesitamos tener un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene la Universidad, que ofrece las herramientas para afrontar este cambio de época», agregó Subirats. «Una ley que aborde los problemas de hoy y prepare a la Universidad para el futuro».

En rueda de prensa, el ministro y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, destacaron las líneas principales del borrador del anteproyecto. La LOSU, según afirmaron ambos, pretende acabar con la precariedad laboral, estabilizar el sistema y rejuvenecer las plantillas, ya que la edad media de los Doctores es de 40 años y la de estabilización es de entre 45 y 46 años.

Para ello, se recoge que el profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 20 por ciento de la plantilla de personal docente e investigador. También se modifica la figura del profesor asociado, que ahora tendrá limitada la docencia a 120 horas, así como de la figura de profesor visitante, que se limitará la duración de su contrato a dos años. Además, la Ley, según indicó Pingarrón, diseña una carrera académica más estable y más corta. La idea es que en 10 años una persona que accede como profesor se estabilice.

El borrador establece que las universidades, además de impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales, podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios, «incluidos los de formación a lo largo de la vida».

Por otro lado, la futura Ley realiza un «despliegue significativo de derechos de los estudiantes». Así, el proyecto recoge hasta 17 derechos de los estudiantes entre ellos el de huelga.