A lo largo de las últimas semanas se ha vuelto a agitar de nuevo el viejo litigio acerca de la pertenencia del monasterio de Guadalupe a la archidiócesis primada de Toledo. Una cuestión que surge de modo periódico, en gran medida suscitada fuera de los ámbitos eclesiales por resabios regalistas de gobiernos que parece que no asumen el modelo aconfesional del Estado español, de modo que se llegan a anacrónicas y decimonónicas declaraciones por parte de instituciones políticas acerca de un asunto que no les compete, como es el de la organización de la Iglesia en España. Sin embargo, en esta ocasión, ha habido, desde diversos sectores de la sociedad y del mundo católico toledano, un amplio movimiento de respuesta, debido a las particulares circunstancias que concurren esta vez. A ellas quiero sumarme, recordando algunos puntos históricos, culturales y religiosos, que avalan la continuidad en la diócesis toledana de aquellas tierras y del santuario, siguiendo una tradición secular que se inicia con la Reconquista.
Hay que recordar que, hasta principios del siglo XIX, cuando en 1833 se constituye el actual modelo provincial, las tierras de los arciprestazgos extremeños de la diócesis toledana se incluían, como se puede observar en cualquier mapa de la época, en Castilla. Sólo la incorporación a las provincias civiles de Cáceres y Badajoz hizo que se incluyeran en la región de Extremadura. Hasta ese momento el territorio había pertenecido al alfoz de Toledo, siendo denominado, antes de que en el XIX se inventara el término de Siberia extremeña, Montes de Toledo. Dicha pertenencia se remontaba al siglo XIII, cuando el rey Fernando III vendió, el año 1246, al concejo de Toledo las tierras que a su vez había obtenido del arzobispo toledano Jiménez de Rada en 1243, a quien pertenecían, en lo eclesiástico y en lo civil, desde su conquista a los almohades. Esto respecto a la actual provincia de Badajoz. El arciprestazgo de Guadalupe formaba parte de las llamadas Tierras de Talavera, que además de la comarca de La Jara incluían las del Valle del Ibor y el Campo Arañuelo; pertenecientes a la reina de Castilla, María de Portugal, ésta los cedió a los arzobispos de Toledo, convertidos en señores jurisdiccionales a la vez que tenían la autoridad espiritual.
La identificación de las diócesis con las provincias civiles surge a raíz de la Revolución francesa, cuando en un modelo centralizador se homogenizan los departamentos y las diócesis, modelo que en la actual Francia se ha modificado en favor de motivaciones exclusivamente pastorales. En España hubo un primer intento de hacerlo así bajo José Bonaparte. Tras el Concordato de 1851 se aplicó sólo al erigir nuevas diócesis, como Madrid o Ciudad Real, aunque no siempre, como ocurrió con la de Vitoria, que unía las tres provincias vascas. A principios del siglo XX, con el proyecto de modificación del Concordato, se pretendió realizar dicha uniformización, pero la oposición suscitada en muchas poblaciones, así como el fracaso del proyecto, lo impidió. Paradójicamente sería un régimen tan antiliberal como el franquismo el que lo llevaría a cabo tras el Concordato de 1953. Límites diocesanos seculares, más acordes con la realidad, se sacrificaron para unificar la organización eclesiástica a la civil, sin tener en cuenta las protestas de las gentes. En un régimen de separación Iglesia-Estado, como el actual, no tiene ningún sentido esta identificación, pues si se produjera un eventual cambio –en algunas comunidades autónomas se ha hablado de supresión de las provincias- ¿habría que volver a modificar la organización diocesana? Lo que pudo tener sentido –algo sumamente dudoso- en modelos políticos confesionales como el liberalismo o el franquismo hoy es puro anacronismo.
En relación al santuario, desde el primer momento dependió eclesiásticamente del arzobispo de Toledo, perteneciendo al curato de Alía. Erigido en priorato secular, el término fue creado tomando tierras de Talavera y Trujillo, pero manteniendo la vinculación eclesiástica con la sede primada. Posteriormente el priorato pasaría a los jerónimos y tras la exclaustración se erigiría como parroquia secular de la diócesis toledana. En este momento, la labor de los párrocos diocesanos, mientras gran parte del monasterio y sus bienes eran vendidos, fue esencial para conservar parte importante del patrimonio guadalupense, pues procuraron que se incluyeran dentro del ámbito parroquial diversas dependencias monacales, evitando la dispersión o desaparición de la colecciones de pintura, como las series de Zurbarán de la sacristía o el ciclo de Luca Giordano, en el camarín, así como objetos de orfebrería, códices u ornamentos. En tiempos del beato cardenal Sancha se instalaron los franciscanos, restaurando la vida monástica a la vez que regían la parroquia perteneciente a la archidiócesis. Durante el pontificado del cardenal Pla y Deniel, en 1955, el santuario fue elevado a la condición de basílica. Todos los arzobispos toledanos del siglo XX y XXI han cuidado de modo preferente la atención al santuario, destacando al cardenal González Martín, quien acompañó al papa Juan Pablo II en su peregrinación ante la Virgen morena, en la que recordó la vinculación transnacional de Guadalupe con América.
La devoción a la Virgen de Guadalupe, declarada patrona de Extremadura en 1907, se ha aducido a veces como motivo para su separación de la sede primada. Hay que recordar que dicha devoción se extiende, y con gran hondura, por tierras de La Jara, Talavera, Oropesa, Ciudad Real, de modo que desborda los límites de la comunidad autónoma. Además, su coronación canónica de 1928, por el cardenal Segura y con la presencia de Alfonso XIII, le asignó el título de Regina Hispaniarum, mostrando que Guadalupe es un santuario de carácter nacional e incluso supranacional por sus evocaciones americanas. Devoción que desde sus orígenes fue promovida, protegida y alentada por los prelados toledanos, como muestra la construcción del puente de la Villafranca de la Puente del Arzobispo por Pedro Tenorio.
Creo que es sentir generalizado entre la mayor parte del clero y del laicado de la archidiócesis esperar que el nuevo arzobispo, don Francisco Cerro, siga defendiendo la estrecha vinculación devocional, pastoral, histórica y cultural de Guadalupe con la sede toledana, como han venido haciendo sus predecesores, desde don Rodrigo Jiménez de Rada. Cualquier posible contradicción con otros posicionamientos viene desmentida por la experiencia de la Historia; cuando en 1933 don Isidro Gomá tomó posesión de la archidiócesis, hubo de jurar la defensa de su primacía. Como dicho juramento parecía contravenir el que había hecho, como canónigo de Tarragona, de defender la primacía de esta sede, se consultó a nunciatura. El nuncio Tedeschini respondió que el juramento que obligaba era el de arzobispo, pues formaba parte de su misión como prelado de la sede de San Ildefonso. El bien pastoral de aquellas queridas tierras extremeñas –máximo criterio de actuación eclesial-, garantizado por un clero joven y abundante, justifica dicha defensa, más allá de injerencias de políticos neorregalistas, por mucho que ‘den la vara’ con el tema o de excelsos personajes que puedan encauzar los vientos que soplan en el ‘terzo piano’ vaticano.
*Miguel Ángel Dionisio es miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Profesor de Historia de la Iglesia. Archivero diocesano adjunto