La pandemia de covid, que se ha acompañado de confinamientos y de numerosas restricciones sanitarias en función de la incidencia del virus ha puesto de manifiesto algunas necesidades, sobre todo, en las residencias de mayores. Sin embargo, la Diputación Provincial no ha pasado por alto estas carencias y ha aprobado recientemente el inicio de expediente para contratar un servicio de internet movil, mediante seis tarjetas SIM, con el objetivo de que la residencia social asistida 'San José' disfrute de la última tecnología y tenga la posibilidad de ofrecer videoconferencias entre los residentes y sus familiares, «que contribuirán a su necesario bienestar emocional».

Disponer de seis accesos a internet móviles también posibilitará que los residentes puedan comparecer ante los jueces, una obligación derivada de la tutela, apoyar las labores de vacunación en el centro del Sescam  y la realización de actividades terapéuticas beneficiosas a través de vídeos de internet y otros recursos en formato on line. En este caso concreto, el acta de la Junta de Gobierno de la Diputación, celebrada el pasado 14 de enero, subraya que el derecho de comunicación de los usuarios de la residencia con el exterior está recogido en el artículo 19 del reglamento interno de la residencia San José.

La Diputación ha decidido poner en marcha una licitación mediante un procedimiento abierto simplicado porque carece de los medios técnicos y humanos «suficientes y adecuados» para llevar a cabo esta competencia. Si bien, establece unos requisitos mínimos

La contratación de este servicio, que incluirá un volumen ilimitado de descargas y prestaciones de última generación -4G y 5G, este último cuando esté disponible- busca también una buena velocidad de conexión para todas estas actividades.

El contrato, que parte con un presupuesto de licitación de 2.613 euros, IVA incluido, será de un año de duración, aunque se incluirá la posibilidad de una prórroga de tres anualidades más, con lo que se calcula que su valor superaría los 8.600 euros.

La Diputación establece como requisito que las ofertas de las empresas incluyan el precio de cuota mensual sin IVA, el precio neto ofertado para los 12 meses iniciales del contrato, IVA y precio total, puesto que la administración tendrá en cuenta las ofertas económicas a la baja respecto al precio máximo de licitación.