La semana pasada ninguno de los ámbitos institucionales ha escapado del debate fiscal, por lo que parece que, en los próximos días, va a seguir formando parte del marco de discusión política en nuestro país. La falta de seriedad y el escaso rigor con el que se aborda este debate pueden poner en serio riesgo los valores de la convivencia; y se corresponden más con el  populismo fiscal que con las necesidades que la propia democracia y el estado social requieren, y con las que nuestra Constitución define a España.
Nadie puede cuestionar que los impuestos forman parte de la controversia política entre gobierno y oposición, como la fiscalidad en su conjunto, pero eso no puede conllevar a que se hagan propuestas carentes de seriedad, que puedan llegar a quebrar un sistema tributario justo, inspirado en la igualdad y la progresividad. En estos términos es inconcebible que ese trato idéntico, a las personas con similar capacidad económica, con la eliminación de impuestos que gravan la acumulación de riqueza, esté al albur de la competencia partidista y no de las necesidades reales que tiene el sistema para poder financiar los servicios públicos, indispensables para la cohesión social, como son la sanidad, la educación o los servicios sociales y que, recordemos, están en manos de las comunidades autónomas.
También, resulta paradójico que el debate para la quiebra del mayor esfuerzo fiscal, que tienen que hacer los más ricos de la sociedad en beneficio de la protección de la gran mayoría, venga de la mano de una comunidad como la andaluza, con una de las menores rentas personales del país y que requiere de la solidaridad interterritorial. Lo que, de facto, se concretiza en que los más potentados, económicamente, que viven en otras regiones, serán los que van a tener que contribuir para solventar las necesidades de esa población con menos posibles, mientras los ricos que allí tengan su residencia fiscal no contribuirán de acuerdo a su capacidad económica.
Igualmente, resulta contradictorio que sea el partido de Núñez Feijóo, -y no lo digo porque sea el responsable de la mayor subida de IVA y del resto de los impuestos de la democracia, sino por el hecho de que, teóricamente, haya sido más proclive a la uniformidad del sistema-, el que esté quebrando la coherencia fiscal del sistema español, procediendo a hacer una defensa airada de la frivolidad tributaria entre regiones con una gran densidad poblacional y con  mayor riqueza como Madrid, con otras del entorno, que sufren el fenómeno de la despoblación y la dispersión y que tienen que hacer frente, irremediablemente, a una mayor factura para garantizar la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos. De ahí, que sea reprobable que el excedente teórico generado por las buenas circunstancias de partida y por el fenómeno de la capitalidad, a la que contribuyen todos los españoles con presupuestos muy inversores en dicha área metropolitana, se esté usando para actuar de manera insolidaria, además de que, tampoco, se hayan abordado, previamente, las necesidades de acceso a la atención primaria o la vivienda de la población trabajadora, en dicho territorio.
Tampoco resulta apropiado que, desde Castilla- La Mancha, una región claramente perjudicada por este debate, se alcen voces en defensa de un modelo fiscal sin impuestos y regresivo, a la misma vez, que no se expongan con claridad aquellas partidas de gasto público de las que se prescindiría. Más aún, cuando la población de Castilla- La Mancha sufrió el drama que supusieron los cierres de las urgencias y las escuelas en el ámbito rural y los efectos tan lesivos que tuvieron los recortes en la sanidad, la educación, los servicios sociales públicos y en el empleo.