Bruselas llevaba esperando recibir la propuesta desde el pasado 31 de diciembre, condición sine qua non para conceder más fondos europeos, pero el Gobierno no acababa de desvelar el grueso de la reforma del actual sistema de pensiones, hasta que el pasado viernes se anunciaba un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que contaba, según el Ejecutivo, con el plácet de la UE. Lo que trascendió en un primer momento fue que el cambio principal afectaba al cálculo de las prestaciones, que se establecía en una horquilla entre los 25 y los 29 años, teniendo esta última opción la posibilidad de quedarse en 27, eliminando los dos peores años de cotización. Sin embargo, una vez se ha ido conociendo el contenido del proyecto, que recibió la negativa rotunda de los empresarios, las bondades de la reforma para hacer viable el sistema se deben poner en cuarentena.
En primer lugar, no hay ninguna contención del gasto, sino que todo se basa en aumentar las cargas impositivas que afectarán más a empresas y rentas altas, pero que repercutirán finalmente en todos los trabajadores. El incremento de la cotización adicional, denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que arrancó en el presente ejercicio, establecido en un 0,6 por ciento, del que un 0,5 abona la empresa y el 0,1 el empleado, irá subiendo hasta el 1,2 por ciento en 2029 y se mantendrá hasta 2050. La medida influirá directamente en la creación de empleo, ya que las empresas deberán abonar más para mantener a sus plantillas o para contratar, mientras que los trabajadores, como ya han podido comprobar en sus últimas nóminas, cobrarán menos como consecuencia de esta mordida, sin tener garantizada una pensión tras su jubilación. Es evidente que un país con un 13 por ciento de desempleo, el más alto de la UE, no debería incrementar los impuestos al trabajo.
Las rentas altas serán las que sufran mayor carga. Las bases máximas de cotización subirán hasta los 4.495,4 euros y se irán incrementando progresivamente entre 2024 y 2050. A esto hay que añadir la cuota de solidaridad para la parte del salario que en la actualidad no cotiza al superar el máximo, que repuntará un 1 por ciento en 2025 y que se irá incrementando a un ritmo de 0,25 hasta llegar en 2045 al 6 por ciento. Es normal que aporten más los que más reciben, pero esta medida puede conllevar que los trabajadores con los sueldos más altos y, al mismo tiempo, los más formados reconsideren la posibilidad de salir de España hacia países donde la presión impositiva es menor.
La viabilidad del sistema de pensiones ya generaba muchas dudas y la reforma es sólo un nuevo parche, una patada hacia adelante. El Gobierno sabía que subir un 8,5 por ciento a nueve millones de pensionistas este año, incluidas las prestaciones más altas descartando que ese incremento fuera progresivo, ha provocado que el agujero se haga más grande. Si, además, el salario de los trabajadores sigue estancado con respecto a la inflación, la ecuación se resuelve sola.