El equipo de Gobierno ha continuado las gestiones con el Ministerio de Hacienda realizando el seguimiento para recibir los fondos y poder pagar a los trabajadores y trabajadoras de los Planes de Empleo de las convocatorias de 2016, 2017, 2017 plus, 2018 y tres ediciones de los Planes de Zonas Rurales Deprimidas, todos ellos denunciados en los juzgados por los beneficiarios.

Así se ha puesto de manifiesto durante una nueva reunión, por vía telemática, en la que ha participado la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, la portavoz municipal, Flora Bellón, y el concejal de Hacienda, Luis Enrique Hidalgo, con varios responsables de la institución ministerial y en la que se ha constatado que la solicitud presentada, en tiempo y forma, sigue adelante para poder recibir los fondos y pagar a los trabajadores. La portavoz ha explicado que el Ayuntamiento, tras la aprobación unánime del Pleno municipal, ya presentó el año pasado al Ministerio la solicitud al Fondo de Financiación de las Entidades Locales, cerrando una cantidad, hasta esa fecha, de 9.257.000 euros.

Flora Bellón ha trasladado que se ha abordado este asunto con el Ministerio de Hacienda recordando todos los pasos que se han dado hasta presentar esta solicitud, con el objetivo de aglutinar el mayor número posible de estos casos para poder satisfacer con todas estas personas la deuda contraída por el Consistorio durante el anterior mandato municipal, del PP.

«Desde que llegamos al Ayuntamiento y nos encontramos con esta herencia envenenada del Partido Popular, nuestro trabajo ha estado siempre encaminado a pagar a los trabajadores y trabajadoras por el trabajo que hicieron y para hacer justicia con todos ellos; pero siempre siguiendo todos los cauces legales para garantizar el beneficio común», ha reiterado. «Estamos poniendo soluciones a los problemas que otros ocasionaron debido a su soberbia y su mal gobierno, por su falta de talante y de diálogo con los agentes sociales que, como ha sucedido, ha desembocado en una sentencia millonaria que tenemos que pagar todos los talaveranos y talaveranas». 

«Frente a la prepotencia del Gobierno de Jaime Ramos y Santiago Serrano, hemos tomado el camino de la sensatez, siguiendo todos los mecanismos administrativos y burocráticos para que estas personas puedan cobrar cuanto antes, algo que esperamos se produzca lo antes posible, en el momento en que tengamos los fondos y la autorización del Ministerio; algo a lo que hemos instado en nuestra reunión telemática», ha precisado la edil. La voluntad del equipo de Gobierno es dar traslado de todas estas cuestiones, así como las que puedan ir surgiendo, a la parte afectada por la sentencia. 

La portavoz municipal ha manifestado que, en todo momento, se han seguido los pasos marcados por la Administración, como fue esa adhesión al fondo de Financiación que recomendaban los informes de Tesorería de los técnicos municipales. Igualmente, Bellón ha lamentado la «patada hacia adelante2 que dio el PP pocos meses antes de las elecciones, presentando un recurso de casación ante el Supremo, provocando «alargar el proceso, en vez de poner en marcha los mecanismos para empezar a pagar la sentencia».

Bellón ha lamentado que en ningún momento el PP de Santiago Serrano y de Jaime Ramos haya asumido responsabilidad alguna sobre la situación en la que ha desembocado su gestión respecto a los Planes de Empleo. Sin embargo, «el Gobierno de Talavera va a asumir la responsabilidad que como Ayuntamiento tiene ofreciendo una solución a estos hombres y mujeres que trabajaron en estas convocatorias de los Planes de Empleo».

Una vez más, la portavoz municipal ha defendido los Planes de Empleo como una acción que tiene un incuestionable «beneficio social» para colectivos en riesgo de exclusión social, parados de larga duración, víctimas de violencia de género o familias con todos sus miembros en paro; a los que este trabajo permite obtener un salario, pagar facturas y poner dinero en circulación. Por eso, ha reiterado que desde el equipo de Gobierno seguirán acogiéndose a estas convocatorias, pero siempre haciéndolo de manera legal, con contratos específicos y con la mano tendida al diálogo con los agentes sociales.