La crisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encara su semana más crucial con la visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para mediar en su renovación, y su presidente, Carlos Lesmes, trabajando a contrarreloj para forzar un acuerdo antes del día 3 que permita renovar el Constitucional y deje vía libre a su previsible dimisión.
Porque Lesmes está preparando ya formalmente su salida del órgano, para lo cual tiene previsto comunicar hoy en el Supremo y el jueves a los vocales del CGPJ un informe que determina quien debería sustituirle, que no es otro que el presidente de sala más antiguo del Alto Tribunal, Fernando Marín Castán, según dictamina la ley.
Lesmes se ve abocado a dimitir ante la falta de movimientos entre PSOE y PP para reactivar las negociaciones, ya que fuentes jurídicas creen que la visita del comisario de Justicia de la Comisión Europea para mediar en la renovación del Consejo, tras casi cuatro años de bloqueo, no servirá para nada.
Y él no puede presentarse ante el Rey el 12 de octubre, Día de Hispanidad, tras el órdago lanzado en su discurso de apertura del año judicial en presencia de Felipe VI, porque su renuncia no está vinculada al acuerdo para nombrar a los dos magistrados del TC sino a la renovación del Consejo, de la que no hay novedades. Ahora bien, son muchos los temas a tratar esta semana y que despejarán el futuro del CGPJ, el Constitucional y Lesmes.
Acercar posturas
El viaje de Reynders no pretende ser testimonial, sino todo lo contrario, pues abordará el bloqueo del Consejo con la intención de mediar entre las partes para retomar las negociaciones. Sin embargo, sobre el terreno, su visita tiene más eco mediático que pragmático, pues las fuentes no son nada optimistas con la «mediación institucional» del comisario, toda vez que Europa lleva años emitiendo las mismas señales de alarma respecto de la renovación y posterior reforma del CGPJ.
Ya el día 30, Reynders mantendrá un encuentro con Lesmes, quien tiene por delante una de las semanas, quizás la última, más complicadas de su mandato. Así las cosas, tiene previsto volcarse los próximos días en el que puede ser su último servicio en el Consejo, que no es otro que el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional. Esa es su intención ante los continuos fracasos de las negociaciones de PSOE y PP, que dicen seguir sin encontrar candidatos en el Supremo que quieran ir al tribunal de garantías. Los progresistas tienen una lista de nueve aspirantes.
Es por ello, que Lesmes trabaja ya en encontrar no solo magistrados de tendencia conservadora que puedan proponerse como candidatos de consenso, sino en reunir el mínimo de 12 votos exigibles para su designación, pese a que las partes negociadoras se comprometieron a que se efectuasen con una «amplia mayoría». Para ello necesita que al menos uno de los ocho vocales conservadores que demoran el proceso se pase de bando y vote a favor de los aspirantes que el propio presidente proponga en un pleno extraordinario, que previsiblemente se celebrará el 3 de octubre.
El calendario del jurista se aprieta porque no quiere marcharse sin culminar los nombramientos o dejarlos encarrilados, algo que debe suceder antes del día 12.
El presidente ve cómo el órdago que lanzó hace casi cuatro semanas va camino de caer en el olvido, pues ni PSOE ni PP se han visto condicionados para sentarse a negociar. Por eso, el informe de su sustitución se interpreta como un paso real y firme en el escenario de una dimisión que, si se culmina con éxito la renovación del TC, cada vez se ve menos lejana.