El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ocaña autorizó el desalojo de 59 viviendas repartidas en tres bloques de edificio en el término municipal de Ocaña. Se trataba de inmuebles contiguos pertenecientes a particulares, inmobiliarias y bancos que dejaron de estar usurpados, algunos de ellos con inquilinos ilegales desde hace 10 años.

Los propietarios denunciaron las ocupaciones ilegales y consiguieron finalmente el día 14 que las fuerzas de seguridad aseguraran el desalojo de las viviendas, según confirmó a este diario el portavoz del equipo de Gobierno y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento, Juan José Rodríguez, quien señaló que el Consistorio prepara un censo de viviendas ocupadas.

Todos los vecinos de Ocaña conocían que estos tres bloques tenían decenas de viviendas ocupadas. "Agrava la convivencia de los vecinos", señala Rodríguez sobre la ocupación ilegal.

Macrodesalojo de ocupas en Ocaña

En este caso, las viviendas y las zonas comunes aparecieron destrozadas, incluidos los garajes.

Respecto a los ocupas, Rodríguez comentó que parte se han quedado en la localidad y otra se ha marchado a otras poblaciones. En esta intervención, se rescató a un perro, 'Guren', que había quedado desamparado en una vivienda, tal y como reflejó este diario el día 18.

Por su parte, como informó este diario en septiembre de 2019, por entonces los grupos especiales de la Guardia Civil intervinieron en un bloque localizado frente a las prisiones y los pabellones-casas de los trabajadores en la calle Clavel. Unos 120 individuos habitaban de manera ilegal en unas 100 casas, frente a un puñado de dueños legítimos. Los funcionarios de Ocaña habían denunciado desde principios de año la inseguridad que padecían los trabajadores de los centros penitenciarios por estas viviendas ocupadas.