El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un plan de medidas antifraude para garantizar la máxima transparencia y rigor en la gestión de los fondos europeos Next Generation EU. Este plan –que responde a la exigencia de la Unión Europea y del propio Gobierno de España de tener este mecanismo– pretende prevenir o minimizar cualquier riesgo de que se produzca un fraude en el tratamiento de estos recursos.
«Hay que hacer enormes esfuerzos para que el dinero público sea tratado con exquisito mimo, que sea eficiente y rentable a los objetivos, y para que se haga de manera transparente y garantista», resumió la consejera y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, entre los objetivos del plan, y añadió que «somos de las primeras comunidades autónomas» en aprobarlo.
Un plan que tendrá especial incidencia en el personal funcionario de las administraciones y departamentos que gestionan estos fondos europeos. «Fortalecer la cultura ética y luchar contra el fraude», incidió Fernández, por lo que todos ellos deberán firmar un código ético de conducta que garantice su compromiso de tener «las manos limpias» a la hora de tomar determinadas decisiones.
Se harán además acciones formativas, una evaluación de riesgos fraude, o la utilización de indicadores de alerta o «banderas rojas» como herramientas de prevención y control. De esta forma, se pretende obtener «garantía al máximo, transparencia al máximo y honradez al máximo».
Para la portavoz, este plan antifraude no deja de ser un refuerzo, ya que el Ejecutivo regional, en 2016, ya aprobó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, que ya establecía mecanismos orientados a esa transparencia y buen uso de los recursos públicos. No obstante, esta iniciativa supone «ir un paso más allá» en esas garantías.
Garantía y agilidad
Fernández recordó que buena parte de los recursos procedentes de Europa tendrán que ser gestionados en el plazo de tres años hasta 2023, por lo que a la región «nos ha pillado con los deberes hechos» habiendo activado mecanismos de agilización y eficacia como la modificaciones legislativas que ayudan a simplificar los trámites administrativos, como la ley de evaluación ambiental, nueva instrucción técnica de planeamieto que impulsa en las zonas rurales, o la ley de medidas urgentes para la declaración de proyectos prioritarios que «está siendo un cohete para impulsar proyectos estratégicos», mencionó.