Agosto de 2021: los talibanes avanzan rápidamente y sin descanso en su operación de reconquista sobre Afganistán, que comenzó el 4 de julio anterior con el inicio de la salida de las tropas estadounidenses. Durante apenas mes y medio, los fundamentalistas consiguen hacerse con buena parte de las provincias hasta que el domingo 15 dan la campanada tomando la capital, Kabul, huérfana tras la huida, horas antes, del presidente del Gobierno, Ashraf Ghani -que justificó la espantada en su objetivo de «evitar un baño de sangre»-, y buena parte de su Ejecutivo.

Afganistán entra en el caos, preparado para retroceder en el tiempo y perder los avances conseguidos durante casi dos décadas, las que pasaron desde la expulsión de los extremistas -en noviembre de 2001- por parte de un EEUU que buscaba venganza por los atentados del 11-S hasta su temido regreso al poder. Y la comunidad internacional entra en escena.

Durante ese agosto, y aunque los talibanes lanzan una declaración de intenciones en la que prometen que no volverán a la barbarie anterior, decenas de miles de personas intentan escapar del país. Ya no solo el personal diplomático de los diferentes países; también afganos que colaboraron con las diferentes embajadas y que temen ahora represalias. El aeropuerto de Kabul se colapsa con ciudadanos desesperados por conseguir una plaza en los aviones fletados por Occidente. Avalanchas e incluso atentados del Estado Islámico elevan el caos y la tensión. Y a finales de mes concluye la retirada de las tropas internacionales. Y, con ella, acaba la atención del mundo sobre el territorio afgano.

Agosto de 2022: los talibanes siguen al frente del país asiático. Poco o nada han cambiado en su manera de gobernar. Algo sí: ya no hay permanentes ejecuciones como las que se vivían en la anterior etapa. Pero su proceder sigue siendo el mismo: la aplicación a rajatabla de la sharia, la ley islámica en la que basan todos sus actos. Pero algo sí ha cambiado en el país. 

Con una inflación en máximos y un estancamiento económico por las sanciones impuestas desde el exterior -donde no se reconoce a los fundamentalistas como autoridades-, una brutal crisis humanitaria y financiera. El aislamiento político es también financiero y principalmente lo sufre la población: apenas un 3 por ciento de los afganos asegura tener dinero para cubrir sus necesidades básicas.

Sin esperanza

Nadie creyó aquellas promesas con las que los extremistas intentaban convencer al mundo de que habían dejado atrás su pasado brutal. Y así ha quedado constancia este último año: no se han respetado los derechos humanos, no se ha conseguido la paz ni se ha combatido el tráfico de drogas y tampoco se ha cumplido aquella garantía de que el país no acogería a terroristas. Hace apenas unos días, el líder de Al Qaeda moría en un ataque con drones en su residencia de Kabul. Los talibanes aseguraron que desconocían esta localización, pero varios informes apuntan lo contrario. Y, por supuesto, la pérdida de libertad y derechos de los ciudadanos, principalmente de las mujeres: aunque no hubo decretos oficiales que les prohibiesen trabajar, en la práctica miles de funcionarias, profesoras o médicas han sido despedidas. Y la esperanza también se evapora en la educación, donde siguen sin abrir las escuelas para niñas.

Con pocas opciones para que se viva una ligera mejoría, la comunidad internacional vuelve ahora a fijar sus ojos en un país claramente empobrecido en este último año tanto en el ámbito económico como en el social y el humanitario. Y en el de la seguridad, porque la llegada de los talibanes trajo consigo un notable incremento de los atentados de un Estado Islámico -enemigo declarado de los talibanes- que pretende aprovechar esta situación para tratar de volver a levantarse en la región.

A punto de cumplirse un año de la meteórica toma de los fundamentalistas y de la retirada total de tropas extranjeras, la comunidad internacional vuelve a fijar sus ojos en Afganistán, cada vez más necesitado de que esa mirada sea permanente.